¿Se podría caer el artículo que modifica la ley de garantías durante 2022?
Expertos aseguran que la reforma podría ser inconstitucional debido al trámite que se le dio en el Congreso.
Magistrados de la Corte Constitucional / Colprensa
La Corte Constitucional aplicará el trámite de urgencia nacional al estudio de las demandas que alegan inconstitucionalidad del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, que modifica la ley de garantías electorales al permitir la celebración de contratos interadministrativos entre entidades territoriales durante el 2022.
En diálogo con Caracol Radio, Manuel Quinche, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, expresó que la ley de garantías es una ley estatutaria, por lo tanto, las modificaciones que se le hagan tienen que ser mediante otra ley estatutaria como lo exige el artículo 153 de la Constitución Política.
“El Congreso con iniciativa del presidente no tramitó una ley estatutaria para reformar el segmento de la ley de garantías electorales, sino que tramitó una ley ordinaria, esto es manifiestamente inconstitucional porque esa es una materia reservada a las leyes estatutarias” manifestó Quinche.
Asimismo, Ramiro Bejarano, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado, señaló que la decisión de la Corte es acertada en la medida que esta modificación podría afectar el proceso electoral que se avecina.
“El Gobierno, a sabiendas de la ilegalidad de esta disposición, la impulsó en el Congreso pensado que el proceso para revisarlo se iba a tardar mucho tiempo. Lo que ha hecho la Corte es decir vamos a estudiarlo pronto porque ya se está viendo las dificultades con que las entidades públicas puedan hacer contratos interadministrativos. Eso genera sospecha en un sistema electoral tan frágil como el nuestro” dijo Bejarano.
A su turno, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, explicó que si la Sala encuentra esta reforma inconstitucional, podrá considerarla inválida.
“Si vulnera la constitución, no existiría ninguna excepción para la aplicación plena de la ley de garantías y ningún ente Estatal podrá contratar hasta que no pasen las actuales elecciones al Congreso como las Presidenciales” expresó Herrrera.
El tribunal analizará las 30 demandas con el objetivo de prevenir una grave afectación al patrimonio público.
