Radican nuevamente proyecto de ley que busca crear la Especialidad Agraria
La iniciativa, pactada en el acuerdo de paz, busca llegar a los territorios más apartados y solucionar con mayor agilidad los conflictos de tierras.
Congreso / Camara de Representantes (Colprensa)
Luego de que se hundiera en la pasada legislatura por tiempos, el proyecto de ley estatutaria que crea la Especialidad Agraria, un grupo de congresistas de diferentes partidos volvió a radicar esta iniciativa que, consideran, es una deuda histórica con la población campesina del país.
De acuerdo con la representante Juanita Goebertus: "se hace necesario contar con presencia institucional y un marco normativo que permita a la población rural resolver los conflictos sobre la tierra mediante mecanismos no violentos. La Especialidad Agraria tendrá jueces especializados para resolver esos conflictos, y serán cercanos a la comunidad con arraigo en el territorio".
Además, la iniciativa crea la figura de facilitadores que, según la congresista del Partido Verde, "ha sido eficiente en países como México y Guatemala. También tiene en cuenta las particularidades del territorio y reconoce la labor de líderes y lideresas que ayudan a sus comunidades a conocer sus derechos y los apoyan en los procesos judiciales".
Adicionalmente, con esta iniciativa que deberá pasar cuatro debates en el Congreso y tener aval de la Corte Constitucional para ser una realidad, se busca "promover el uso adecuado de la tierra, mejorar su planificación, prevenir los conflictos de uso y tenencia y, en particular, solucionar los conflictos que amenacen la producción de alimentos".
Por lo mismo, el proyecto espera garantizar los derechos de la población rural en materia de acceso a la justicia, el debido proceso, la resolución pacífica de los conflictos y el uso de mecanismos alternativos, así como 'una Justicia que responda a la realidad de los territorios'", añadió Goebertus.
Finalmente, la iniciativa plantea crear jueces itinerantes, garantizar la defensa técnica y pública, al igual que el principio de gratuidad y el amparo de pobreza; también establecería instrumentos para proteger la parte más débil como el principio de favorabilidad y la carga dinámica de la prueba, junto con flexibilidad probatoria.
Dentro de los autores del proyecto, están congresistas del Partido Verde, de Cambio Radical, de La U, conservadores, liberales, integrantes del nuevo partido Dignidad, y puntualmente la representante Ángela María Robledo, quien fue nombrada por el Estatuto de la Oposición.
