Corte Constitucional

ANT tiene seis meses para constitución de resguardos indígenas

La Procuraduría presentó una tutela en representación de La Sardina y Río Alto San Juan, debido a las demoras irrazonables para su constitución legal

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La Corte Constitucional le ordena a la Agencia Nacional de Tierras y al ministerio de Interior garantizar los derechos de la conformación legal de los resguardos indígenas: La Sardina y Río Alto San Juan.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior tendrán seis meses para culminar con los procesos de constitución de los resguardos indígenas La Sardina y Río Alto San Juan, ubicados en los municipios de El Bagre y Urabá, Antioquia.

La decisión fue adoptada por la Corte Constitucional al resolver una tutela a favor de estas comunidades indígenas que llevan varios años solicitando la conformación legal de sus resguardos.

La Procuraduría General de la Nación presentó una tutela en representación de dichas comunidades al considerar que existe un déficit en el reconocimiento y efectividad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, debido a las demoras irrazonables de años, y en ocasiones décadas, y a la falta de coordinación interinstitucional para la constitución legal y efectiva de sus resguardos.

La Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, estudió el asunto y encontró que, en ambos casos, existe una vulneración a los derechos fundamentales de las partes representadas, pues al momento de la interposición del amparo habían transcurrido entre tres y cuatro años desde el inicio de la actuación administrativa, sin que se hubiere resuelto tales asuntos, lo cual resulta contrario al deber de contar con un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales, además de una serie de consecuencias nocivas presentadas por la inoportunidad de la administración en el reconocimiento de sus derechos a la existencia como pueblos étnicos.

El Alto Tribunal explicó que un trámite que debería durar de 12 a 13 meses para la constitución del resguardo indígena ha tomado mucho más tiempo, lo cual termina por generar un alto nivel de vulnerabilidad que amenaza la existencia física y cultural de estas comunidades.

La sentencia también le ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, asesore y acompañe de manera permanente a las comunidades La Sardina y Río Alto San Juan en los trámites correspondientes a la constitución de sus resguardos.

Finalmente, la Corte compulsó copias de estos trámites a la Procuraduría General de la Nación para que, si lo considera pertinente, adopte las decisiones acerca de la eventual responsabilidad disciplinaria de las autoridades que intervinieron en los procesos de constitución de los resguardos indígenas.

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