Orden Público

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Defensoría entregó recomendaciones para evitar violencia en manifestaciones

Las 33 sugerencias están dirigidas a la Policía, Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Educación y Gobierno Nacional

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.(Defensoría del Pueblo)

La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy 33 recomendaciones para evitar la violencia durante el ejercicio del derecho a la manifestación pública y aseguró que son resultado de 26 mesas de trabajo convocadas por el defensor del Pueblo, en cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia STC7641-2020 que ordena adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva.

Dentro de las recomendaciones se encuentra la implementación de herramientas tecnológicas para vigilar y grabar dentro de las patrullas, medios de transporte y en los cascos del ESMAD. De acuerdo con la Defensoría, esto permitirá revisar la actuación policial antes y durante la protesta.

También se incluye la institucionalización del uso de drones para que registren los hechos durante las intervenciones, así como la investigación y sanción a aquellos policías que violen el derecho de los ciudadanos a grabar con sus celulares los incidentes.

Además se recomienda a la Policía revisar el currículo académico de la Escuela de Formación en lo referente al derecho a las marchas y la capacitación a todo el personal en protocolos de actuación en manifestaciones públicas

La Defensoría señaló que “tendrá mayor presencia y acompañamiento durante las protestas pacíficas, al tiempo que liderará la creación de canales de comunicación con las plataformas de Derechos Humanos”.

Asimismo, la institución asumió la obligación de articular con las autoridades regionales y locales actividades de capacitación y pedagogía en Derechos Humanos, acompañamiento y manejo de disturbios a los integrantes de la Policía.

Las mesas de trabajo articulado contaron con la participación de representantes de la sociedad civil como accionantes de la tutela, plataformas de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, academia, expertos constitucionalistas, entidades y fuerza pública.

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