Condenan a la Fiscalía por la privación injusta del almirante Arango Bacci

El Fallo del Consejo de Estado también ampara a la familia del almirante Gabriel Ernesto Arango Bacci, quien permaneció un año y medio retenido dentro de un proceso por supuestos nexos con el narcotráfico.

La Fiscalía lo llamó a indagatoria, el 24 de agosto de 2007, en una investigación por enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con narcotraficantes.

El 19 de junio de 2008, la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del señor Gabriel Ernesto Arango Bacci e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio.

El 30 de enero de 2009, el ente investigador profirió resolución de acusación por los punibles de concierto para delinquir, revelación de secreto, cohecho propio y prevaricato por omisión.

Finalmente, el 3 de diciembre de 2009, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia absolutoria a favor del imputado y, en consecuencia, ordenó su libertad.

La Fiscalía General de la Nación manifestó contar con los indicios graves de responsabilidad en contra del actor en la comisión de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, a saber: “Conversaciones interceptadas y videograbación de una operación llevada a cabo el 15 de agosto de 2007, en el hotel El Velero de Cartagena, refrendada por las declaraciones de los policías judiciales Omar Ricardo Pijaran y Fredis Antonio Escobar Paternina, en la que en medio de una compraventa de una carta de navegación para favorecer a grupos dedicados al tráfico internacional de estupefacientes, en la que participaron alias Blancho, alias Cóndor, alias Otto y alias Diego, se mencionó el nombre del contralmirante Gabriel Ernesto Arango Bacci” , precisó el fallo del Consejo de Estado.

La Sala advierte que las conversaciones interceptadas y la videograbación de la operación del 15 de agosto de 2007 en el hotel El Velero de Cartagena, y que fueron ratificadas por miembros de la Policía Judicial, en la que negociadores de una carta de navegación mencionaron el nombre del contralmirante Gabriel Ernesto Arango Bacci, no era un indicio de responsabilidad penal.

Al oficial se le acusaba de presuntas violaciones a informaciones de reserva como las cartas de navegación, que habrían sido suministradas a los traficantes. El escándalo produjo que el oficial fuera retirado del servicio activo por parte del gobierno. Su último cargo dentro de las filas de la Armada, fue como director de Cotecmar, el astillero naval ubicado en Cartagena.

Su defensa, el abogado Jaime Granados, solicitó que se declarara administrativamente responsable a la Nación y a la Fiscalía, por los perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad, desde el 19 de junio de 2008 hasta el 3 de diciembre de 2009, por unos hechos que no cometió, según lo determinó luego la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 3 de diciembre de 2009, la defensa también estaba solicitando un pago por más de $3.000 millones al oficial retirado.

Cuando ocurrieron los hechos Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa y la Corte Suprema había compulsado copias a la Fiscalía para que lo investigara por estos hechos.

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagar más de 539 millones de pesos por la privación injusta de la libertad del almirante de la Armada Nacional Gabriel Arango Bacci. Además, el ente investigador deberá ofrecer excusas al oficial por estos hechos.