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Alimentación

Sancionan a exgobernador de Sucre por presuntas irregularidades en el PAE

La Procuraduría General suspendió por tres meses a Edgar Martínez Romero quien fue gobernador en el periodo pasado.

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La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por tres meses al exgobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero y por cinco meses al exsecretario de Educación departamental,Álvaro Manuel Hoyos Romero, por presuntas irregularidades en la modalidad de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 2016. 

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Según la Procuraduría el exmandatario departamental participó en etapa contractual vulnerando los principios de transparencia y responsabilidad y el deber de selección objetiva, al suscribir el acto administrativo en el cual resolvió escoger la modalidad de contratación directa, y al celebrar el Convenio de Asociación de Interés Público No. PAE-001-2016 con la Unión Temporal Construyendo Bienestar – Sucre 2016, por $14.548.236.696.

El objeto del contrato era “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar un complemento alimentario que consiste en la entrega de raciones preparada en sitio de consumo, bajo la modalidad de complementos alimentarios, durante la jornada escolar a los niños y niñas adolescentes matriculados en las instituciones educativas oficiales del departamento de sucre, en desarrollo de la política pública de seguridad alimentaria y de acuerdo con los lineamientos técnicos administrativos del Ministerio de Educación Nacional”.

Para el ente de control dicha contratación era realmente un contrato de suministro que no era posible desarrollar a través de un convenio.

En cuanto Álvaro Manuel Hoyos Romero, ex secretario de educación departamental, la Procuraduría determinó que transgredió los principios de transparencia y responsabilidad al suscribir el estudio previo y señalar en el documento que era posible contratar el operador del PAE a través de convenio, sin adelantar el proceso de contratación que correspondía.

El ente de control recordó que el PAE es un programa propio de la administración departamental y hace parte de una política de las entidades estatales, bajo los postulados constitucionales del derecho a la educación y que no es posible que actores distintos se apropien del mismo.

En fallo de primera instancia la Procuraduría calificó definitivamente las faltas de los disciplinados como gravísimas, a título de culpa grave.

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