La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo por cuatro meses al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, por irregularidades en el contrato para la entrega de mercados a población vulnerable para atender la emergencia causada por el COVID-19. También fue suspendido por seis meses el técnico operativo de Compras y Suministros de la Gobernación, Cicerón González García.

El ente de control indicó que el gobernador omitió el cumplimiento de sus funciones al permitir que se suscribiera un contrato de compraventa sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y con esto permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos.

Además, establecieron que a cada mercado se le adicionaron costos injustificados e inconvenientes, tales como impuestos municipales, embalaje, bodegaje, cargue y logística.

Por parte de Cicerón González, el ente de control lo responsabilizó de "no dar cumplimiento a las funciones asignadas, porque no estableció el costo razonable que debía pagar la administración para la adquisición de los bienes y servicios para atender la emergencia causada por el COVID-19".

El Ministerio Público finalmente indicó que el fallo de primera instancia fue apelado por la defensa de los investigados