Procuraduria General de la Nacion

Cambios en Procuraduría no pueden favorecer corrupción: Fernando Carrillo

El Jefe del Ministerio Público se pronunció tras el fallo de la CIDH en el caso de Gustavo Petro.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que ningún cambio normativo en Colombia puede traducirse en escenarios para permitir la corrupción.

La declaración fue hecha, referente al fallo de la CIDH, sobre la suspensión de la que fue objeto Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá y la indemnización que ordenó a su favor el Tribunal Internacional y la modificación que propone a los poderes que tiene la Procuraduría.

"La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro contra el Estado colombiano, puede llevar a realizar ajustes normativos que jamás podrán traducirse en escenarios de impunidad en la lucha contra corrupción, para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente".

En ese sentido, indicó que Colombia deberá acogerse al plazo que concede la CIDH en el numeral 8 de la sentencia que indica: "el Estado adecuará, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los plazos establecidos en la presente sentencia", lo que implica que se deberá presentar a ese tribunal un informe sobre el cumplimiento de esta decisión.

Por otro lado, el funcionario aseguró que ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en un limbo jurídico, puesto que se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

El Procurador indicó que la CIDH no ha sugerido "meterle la mano" a la Constitución de 1991, sino ajustar normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos

Además señaló que esto será el inicio de un debate sobre los instrumentos más eficaces para continuar la batalla contra estructuras corruptas cada vez más organizadas.

Finalmente advirtió que no resulta procedente ordenar medidas legislativas respecto del procedimiento general previsto en el Código Disciplinario Único, ni modificar la acción de nulidad y restablecimiento.

Carrillo Flórez no descartó solicitar aclaraciones o consultas a la decisión de la CIDH que "permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría".

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