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Procurador alerta ‘pago de favores’ con contratación por coronavirus

El jefe del Ministerio Púbico señaló que financiadores de campaña reciben diez veces más de lo que aportan.

Procurador alerta ‘pago de favores’ con contratación por coronavirus

Procurador alerta ‘pago de favores’ con contratación por coronavirus(Procuraduría General Nación)

El procurador, Fernando Carrillo, señaló que hay una clara relación entre contratos por el COVID-19 y el pago de favores por el financiamiento de campañas.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público se han evidenciado más de 117 contratos entregados entre el 16 de marzo y el 25 de mato a financiadores de campañas. Esos contratos superan los $12.500 millones de pesos y tienen relación con las gobernaciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.

Según el Procurador en la mayoría de los casos reciben 10 veces más de lo que aportaron.

La entidad también vigila otros 147 contratos por $47.000 millones de pesos que fueron adjudicados a 77 aportantes de campañas elegidos entre 2018 y 2019.

"El Ministerio Público verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada, entre otras conductas", señaló la entidad.

Otras investigaciones

La Procuraduría anunció la apertura y suspensión provisional del alcalde de Copacabana, Antioquia, Héctor Augusto Monsalve y el personero Mefi Boset Gómez por presuntas irregularidades en el traslado de más de 300 migrantes a la frontera con Venezuela.

Y la investigación contra el alcalde de Acacías, Meta, Eduardo Cortés, la secretaria de Gobierno Bertha Amanda Perilla y el jefe de la Oficina de Contratación Óscar Javier Ortiz "por los presuntos sobrecostos en la adquisición de 5.000 mercados por un valor unitario de $225.000 para los damnificados por la COVID-19, en un contrato suscrito con Alonso Ladino Daza, por $1.125´000.000".

Y anunció varias investigaciones contra funcionarios por violar las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Entre ellos la alcaldesa de Luruaco, Atlántico, Marly Gutiérrez, el secretario de Gobierno de Galapa, Atlántico, Mauricio Tulio Rojas; el concejal de Sabanalarga, Atlántico, Alexi Rafael Díaz, quien habría participado en una fiesta.

Además, abrió investigación contra el alcalde de Lérida, Tolima, Marco Antonio Ospina Velandia porque al parecer habría desatendido una solicitud para evitar aglomeraciones dentro y fuera del supermercado que sería propiedad de su familia.

Según el reporte de la Procuraduría la entidad tiene 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada, y 3 funcionarios de la gobernación de Quindío

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