El ente de control le pidió al Ministerio de Salud que el pago de ese reconocimiento económico sea directo, pues el decreto establece que esos recursos serán girados primero a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), lo que podría generar “desviación y pérdida de recursos”, dice la Procuraduría.

Para el Ministerio Público, los riesgos podrían ser “fácilmente contrarrestados mediante el establecimiento de un mecanismo que posibilite su pago directo a los beneficiarios” y que les evite trámites adicionales.

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La Procuraduría alertó sobre la desviación y las posibles “dilaciones en el pago” por el incremento de denuncias relacionadas con las deudas acumuladas de salarios, prestaciones económicas y aportes de la seguridad social en salud, por parte de las IPS públicas y privadas a través de las cuales se canalizarían estos recursos.

La petición que el procurador Fernando Carrillo hace en la carta enviada es que se elimine “la intermediación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de las entidades territoriales, facultando a ADRES para adelantar el proceso de registro y validación de los beneficiarios y el giro directo de esta retribución a sus cuentas bancarias personales”

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