Corte podría revisar artículo de la ley de procedimiento de la JEP

La Corte Constitucional podría revisar un aparte del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018, Ley de Procedimiento de la JEP, que limita la competencia de la justicia transicional frente a terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública únicamente a delitos relacionados con el financiamiento y patrocinio de grupos armados al margen de laB

La solicitud la hicieron múltiples asociaciones de derechos humanos, entre ellas, la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

A juicio de la corporación, el parágrafo 1 del artículo de la ley restringe la competencia de la JEP frente a terceros civiles al establecer que este órgano judicial será competente de manera exclusiva y prevalente para conocer conductas “relacionadas con financiar, patrocinar, promover o auspiciar” a grupos armados organizados al margen de la ley.

“Cabe resaltar que la competencia de la JEP frente a estos ya se encuentra limitada para actuar en estos casos al sometimiento voluntario de los comparecientes”, dice la organización.

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Para los demandantes, la norma es contraria a la Constitución Política porque también implica una reforma al Acto Legislativo del Sistema Integral 01 de 2017, y la Ley Estatutaria de la JEP, 1957 de 2019, algo que solo podría hacerse mediante una ley estatutaria o reforma constitucional, y no mediante una ley ordinaria como ocurrió en este caso.

Por eso, a juicio de la entidad el parágrafo demandado restringe los delitos que pueden ser competencia de la JEP en contravía de la Constitución y la Ley Estatutaria de la JEP recientemente promulgada por el presidente Iván Duque que establece como límite sólo la relación de las conductas con el conflicto armado.

“La comparecencia de empresarios y agentes estatales no combatientes es fundamental para los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana que espera tener el relato completo sobre los patrones, estructuras e intereses que actuaron detrás de todas las graves violaciones a los derechos humanos”, señaló la Fundación.