Mientras Andrés Felipe Arias regresaba en calidad de extraditado a Colombia, ante el juzgado segundo de ejecución de penas la Cancillería adelantaba los trámites de notificación de ese procedimiento.

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Una vez llegó al país, el recibimiento y los traslados se hicieron bajo completo hermetismo, no hubo imágenes, comunicado o detalles de su llegada, solo un párrafo en el que Migración Colombia aseguró que Arias aterrizó en la base aérea de Catam y por tanto no fue posible hacer los registros correspondientes.

Ese mismo día el juez, como es de costumbre en diligencias con condenados, dispuso que por tratarse de un aforado constitucional, el ex ministro debería ser trasladado a la cárcel Picota en el sur de Bogotá o que el Inpec determinará el sitio de reclusión de acuerdo con las circunstancias. 

Se conoció luego que el Inpec ordenó el traslado de Arias a la Escuela de Caballería, una de tantas opciones que seguramente tendrían, como la misma reclusión en la Picota donde permanecen otros aforados enredados en casos de corrupción. 

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Desde el juzgado advirtieron que le dieron la posibilidad al Inpec de disponer el sitio de reclusión del ex ministro, así que enviarlo al Cantón Norte queda bajo responsabilidad del instituto penitenciario.