Consejo de Estado: Directrices de FF.MM. deben evitar ‘falsos positivos’

En un fallo pide a Mindefensa que no se repitan directrices como las de 2005 que fomentaron este tipo de casos.

Consejo de Estado /

Al revisar el caso de un campesino asesinado por parte de las Fuerzas Militares y su posterior presentación como guerrillero muerto en combate, el Consejo de Estado hizo un fuerte llamado al Ministerio de Defensa para que en las directrices de las Fuerzas Militares se respeten los Derechos Humanos con ánimo de evitar que se repitan casos de ‘falsos positivos’.

El pedido lo hace no solo por el caso de Héctor Harvey Valencia, un campesino asesinado en la zona rural de la vereda los Andes, jurisdicción de La Montañita en Caquetá, sino también por la polémica que se generó tras la publicación del The New York Times sobre una directriz que emitió el Gobierno y al parecer fomentaría las ejecuciones extrajudiciales. Directriz que finalmente fue eliminada.

“Ahora, a efectos de evitar que directivas operacionales generen un posible riesgo de ejecuciones extrajudiciales u otras violaciones de derechos humanos, tal como sucedió en el pasado con hechos execrables impulsados por la Directiva ministerial permanente 029 de 2005 (…), se considera imperativo exhortar al señor Ministro de la Defensa Nacional para que las directrices o manuales operacionales a partir de las cuales se despliegan las actividades de confrontación armada observen los límites de los Derechos Humanos (DD.HH.), el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y el Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA)”, se lee en la sentencia.

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Así mismo, se ordena la aplicación de normas internacionales de protección de Derechos Humanos por lo que todos las autoridades tienen la obligación de investigar de manera “seria, eficaz, rápida y completa e imparcialmente” este tipo de casos.

Pero sobre el caso particular, en el que se comprobó que no existió ningún enfrentamiento armado y que fue el Ejército el que incurrió en una falla del servicio “al perpetuar la muerte de una persona inocente que se dedicaba a las labores de agricultura, se pide investigaciones y por tanto se remite el fallo a la Fiscalía, para que adelante procesos mientras la JEP determina si asume el caso.

De hecho, le pide a la Sala de Reconocimiento de Verdad que estudie la posibilidad declarar “estas violaciones como delito de lesa humanidad a efectos de determinar no solo los responsables directos, sino también los autores intelectuales que favorecieron o incentivaron la comisión de esos actos materializados en la ejecución extrajudicial del señor Héctor Harvey Valencia, ocurrida el 16 de noviembre de 2004”.

También que se revise si lo sucedido con el agricultor, puede incluirse en el caso 003 de Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Y el Ministerio de Defensa, debe publicar en “un periódico de circulación Nacional y en uno de amplía circulación local del departamento del Caquetá los apartes pertinentes de este fallo y rectifique la verdadera identidad de las víctimas”. La publicación, especifican debe decir que Valencia no murió como consecuencia de un combate entre el Ejército y las FARC, sino que su muerte fue perpetuada por “militares efectivos del Batellón de Infantería No. 35 Héroes de Güepi’ con el fin de presentar resultados positivos en el desarrollo de operaciones militares”. Esto además de la millonaria suma que deberá pagar el Estado a través del Ministerior por los daños causados.

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