Diferencias entre ONU y gobierno sobre violencia social en Colombia

Pronunciamientos encontrados se han registrado en las últimas horas entre las Naciones Unidas y voceros del Gobierno Nacional sobre la situación de la violencia social en Colombia.

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Mientras que relatores de tres misiones de las Naciones Unidas reclamaron por la presunta omisión del Estado en los asesinatos a excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc, el gobierno acusó a la ONU de generar desconfianza en el proceso de reincorporación.

Así mismo presentó un informe que detalla el seguimiento a los asesinatos a líderes sociales, que asegura se presenta una reducción del 32 % en los homicidios entre agosto de 2018 y mayo de 2019 en relación con el periodo anterior.

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Frente a los señalamientos de los relatores de Derechos humanos de la ONU, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que el contenido del documento que hicieron llegar sin tener en cuenta la versión del Gobierno “tiene un efecto nocivo de minar la confianza que con esfuerzo se ha construido en los últimos meses”.

Afirma que el documento es absolutamente infundado, “que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas Farc”.

Desde la Presidencia asegura que el Gobierno no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las Farc y por el contrario, “viene haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final”.

Por su parte, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa fue el encargado de entregar el informe sobre el asesinato a líderes sociales, que asegura se basa en los casos que han sido verificados por las Naciones Unidas.

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Según explicó, se han registrado 281 asesinatos a líderes sociales desde el 2016 hasta mayo del 2019, de los cuales, 60 se han presentado durante la administración de Iván Duque, 22 homicidios durante el 2019.

Resaltó además que los asesinatos se han presentado en los últimos meses en 45 municipios, que corresponden a menos del 5 % del territorio nacional.

“Estamos teniendo un 95 % del territorio libre de crímenes de líderes sociales en el país”, precisó.

El consejero presidencial se refirió a las causas de los asesinatos a defensores de derechos humanos, “tenemos unos factores de riesgos, cultivos ilícitos, narcotráfico atado a esto, minería ilegal y grupos armados ilegales”.

Sin embargo, frente a estos resultados el Gobierno reconoció que existe un subregistro, por lo que estos datos no son definitivos, teniendo en cuenta que varios de los casos aun se encuentran en proceso de verificación de las Naciones Unidas.