Siguen los desplazamientos masivos en el país

La Corte Constitucional dice que las nuevas dinámicas del conflicto hacen que este flagelo permanezca.

Entre 2015 y 2017 fueron 154 mil las personas desplazadas en el país, y aunque es una cifra mucho menor por ejemplo a la registrada de 2000 a 2002, cuando en promedio cada año se desplazaron 670 mil personas provenientes del 99 % de los municipios, o a la cifra de 480 mil que se registraron entre 2008 y 2014, la preocupación permanece porque siguen contabilizando violaciones de derechos humanos por esta práctica.

Esto es lo que le informaron la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, las oficinas de los Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre otros, a la Corte Constitucional, apropósito de la audiencia pública que se realizará sobre este tema el próximo 29 de noviembre.

Solo con sus informes concluye ya la Corte que, “si bien la magnitud del desplazamiento no es la misma que se presentaba al momento de la declaratoria, en años recientes, los escenarios de riesgo que afrontan las comunidades, en algunas zonas del país, presentan transformaciones asociadas a los cambios en las dinámicas de la violencia y el conflicto armado en Colombia”.

Los entes de control y dichas organizaciones le han advertido que actualmente hay de violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se reflejan en “emergencias humanitarias como los desplazamientos masivos, restricciones a la movilidad, desplazamientos intraurbanos y asesinato a líderes y lideresas”, y que dichos desplazamientos masivos registran un “aumento constante”.

Por ejemplo, Medellín “es la ciudad que registra actualmente el mayor número de desplazamientos masivos intraurbanos” y al mismo tiempo es la ciudad que más recibe víctimas.

Buenaventura aún es el distrito que más víctimas recibe y Nariño es el departamento con mayor número de desplazamientos masivos entre 2017 y 2018.

La Corte , teniendo en cuenta este contexto, escuchará al Gobierno en la audiencia, sobre qué tanta capacidad y qué acciones se planean adelantar para superar esta problemática.

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