En la oficina de interceptaciones ilegales que la Fiscalía descubrió en el departamento de Nariño, existía, según uno de los testigos y socio fundador de esa organización criminal, una carpeta que se bautizó como "Barbas" y allí estaba un listado de víctimas a interceptar.

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El listado incluía funcionarios judiciales y abogados, entre otros el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez y juristas como Jaime Lombana y Jaime Granados, este último se salvó de los seguimientos ilegales por errores en los equipos de interceptación.

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Granados calificó de "miserable" que en las actividades ilegales se incluyera víctimas menores de edad, como ocurrió con el abogado Jaime Lombana y la orden para chuzar las comunicaciones de su hijo.

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"En virtud de lo anterior, solicito al Fiscal General de la Nación, que se desplieguen con toda contundencia los actos tendientes a ejercer el esclarecimiento de estos hechos".

Granados además le pide a la Corte Suprema de Justicia que investigue la participación de aforados constitucionales en estos hechos, que para el caso resulta ser el senador Armando Benedetti.