Un Congreso en deuda con la implementación de la paz

Lo que en principio parecía un compromiso ineludible para el Senado y la Cámara terminó en una decepción para la implementación del acuerdo, dados los tropiezos que sufrieron varios proyectos que se hundieron, otros que agonizan y varios a los que se les metió la mano en contra de lo acordado.

La primera etapa del Fast Track fue muy productiva pues se aprobaron entre otras las reformas constitucionales que crearon la JEP, la que blinda los acuerdos de paz, la que garantiza la participación en política de las Farc y la que prohíbe el paramilitarismo.

También se avanzó en el estatuto de la oposición, las circunscripciones especiales de paz, la creación del partido de la FARC y sus curules en senado y la cámara, pero sin duda el fallo de la corte que limitó el fast track ha sido el obstáculo más difícil de sortear, pues le permitió a los partidos introducir modificaciones a su antojo y desfigurar en muchos casos los textos iniciales que contenían el espíritu del acuerdo.

El caso más evidente es la reforma política, para lo cual desde la mesa de La Habana se conformó un panel de expertos que hicieron recomendaciones y elaboraron un proyecto de ley que permitía cambiar la forma de hacer política y una participación más equitativa, ampliando la posibilidad para nuevos movimientos surgidos del acuerdo de paz; sin embargo, con el pasar de los debates, el proyecto terminó convertido en una fórmula para aliviar las angustias políticas de los partidos tradicionales.

En el caso de la ley estatutaria de la JEP, las cosas han sido aún más complicadas, pues los partidos por congraciarse con su electorado en plena campaña introdujeron cambios que incluso hicieron tambalear la participación en política de los integrantes de la Farc. Con el tribunal ya conformado y andando ha sido imposible tener la ley que le da el arranque a esta jurisdicción que todos los días pierde dientes para cumplir con el objetivo con el que fue creada.

El paquete legislativo que implementa el tema agrario fue tal vez el más ninguneado de todos, pues intereses políticos y privados no permitieron su avance y algunas leyes ni siquiera tuvieron su primer debate. La actitud del congreso contradice el discurso de los partidos que apoyaron el proceso, pues se dijo que la paz debería iniciar en el campo, que fue donde inicio el conflicto, sin embargo no fue posible que los congresistas sacaran adelante las leyes.

A un año de la firma del acuerdo de paz y a cuatro de haber logrado el acuerdo en materia agraria, no hubo reforma en el tema de acceso a la tierra, innovación agropecuaria y desarrollo rural.

Esas y al menos otras cinco leyes tendrán que ser tramitadas por la vía ordinaria en la próxima legislatura donde los parlamentarios estarán enfocados en su reelección y la campaña presidencial, por lo que será casi imposible que salgan adelante.

El balance es agridulce pues si bien se avanzó en temas fundamentales, otros también trascendentales se quedaron por fuera, dejando la implementación a medias y en muchos casos sin soporte jurídico para realizarse.

Los ex integrantes de las Farc tendrán que esperar a que el próximo congreso y el próximo gobierno cumplan con la implementación de las cosas pendientes, con la incertidumbre de si habrá el compromiso de cumplir con lo pactado como quedó consignado en la constitución, o si por el contrario se intentan más modificaciones al texto del acuerdo de una paz que por ahora, por cuenta de los vaivenes electorales, aún no es estable ni duradera.