España en medio de la tensión política por referendo independentista de Cataluña

Mientras Cataluña avanza con sus planes para separarse de España, el gobierno de ese país y otras autoridades se reúnen hoy para tomar medidas con el propósito de evitar que esa consulta se lleve a cabo.

 Todo comenzó con las propuestas de las fuerzas independentistas del Parlamento de esa región que desde hace varios meses promueven sus planes para ser autónomos de España. En una sesión de más de 12 horas que se llevó a cabo el miércoles aprobaron la ley del referéndum que le da vía libre a la consulta programada para el próximo 1 de octubre. Esto ante la oposición de varios partidos y la abstención de otros que consideran que es una votación ilegal.

 La decisión no ha caído bien en el gobierno español que este miércoles convocó a un consejo extraordinario de Ministros. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció que pedirán que la ley aprobada en Cataluña sea analizada en el Tribunal Constitucional de España para definir si es legal y si se puede llevar a cabo. Ese tribunal ya dijo que modificará su orden del día para considerar la petición de impugnación.

 En declaraciones públicas, Rajoy asegura que “defenderá la democracia en Cataluña”, pues considera que lo sucedido en el Parlamento de esa región es un “acto de desobediencia” que va contra las instituciones democráticas. Afirma que la Constitución se puede modificar pero no a través de las vías que están promoviendo los partidos independentistas.

 Se conoció también que la Fiscalía española está preparando investigaciones penales contra los dirigentes catalanes que han impulsado el referéndum. Ese organismo ordenará intervenir todo el material destinado a llevar a cabo la consulta por considerarla ilegal.

 Hay que destacar que esta acción tampoco es apoyada totalmente en Cataluña, en donde varios partidos opositores han manifestado su desacuerdo y han pedido una moción de censura contra el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, pues resaltan que la consulta va llevar a un “choque institucional y social”.