No hay recursos para reparación colectiva a víctimas de grupos étnicos
La Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría en un informe al Congreso advirtieron que ante la falta de presupuesto no existen proyectos de inversión.
(Colprensa/Archivo)
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la política de víctimas para la población étnica advirtió que no existe un presupuesto definido para atender a las víctimas de grupos étnicos y hay “ausencia de modelos, rutas, instrumentos, protocolos o procedimientos que desarrollen el enfoque étnico”
Para la Contraría, la Procuraduría y la Defensoría los Conpes 3712 de 2011 y 3726 de 2012 son “una herramienta poco útil, tanto en la asignación de los recursos, como en el seguimiento al cumplimiento de metas y en la fijación del derrotero mismo de la implementación de la política. Ello explica, en buena parte, las deficiencias halladas por la Comisión en este informe y la escasa capacidad gubernamental para superar las señaladas en los informes anteriores”.
Para la Comisión no es necesaria la creación de nuevos cargos para la implementación de las políticas de atención a este grupo de víctimas, lo que no excluye la puesta en marcha de programas efectivos con condiciones especiales de atención.
Resalta que aunque ha habido fallos judiciales en beneficio de las comunidades, estos no se han podido ejecutar como esperan las víctimas.
“La persistencia del conflicto armado; la disputa de los territorios colectivos por parte de actores con intereses económicos legales o ilegales; el rezago en la seguridad jurídica de los territorios colectivos y/o formalización de éstos a favor de particulares; la falta de enfoque diferencial en las intervenciones de las entidades; la falta de adecuación de las entidades para el cumplimiento de las órdenes de restitución y, relacionado con el anterior, la falta de presupuesto diferencial para la atención a víctimas de grupos étnicos”.
Insiste la comisión que además del desconocimiento a los derechos de las étnicas a la reparación colectiva también existe una “vulneración del derecho fundamental a la consulta previa en la medida que las concertaciones no se están realizando en los términos señalados por los Decretos Ley étnicos”.
