La investigación por la visita sin permiso de funcionarios a La Habana
La Procuraduría no encontró pruebas para demostrar reuniones no autorizadas con el equipo negociador de las Farc en Cuba.
(Colprensa/Archivo)
Dos años le tomó al Ministerio Público concluir que no existen pruebas de las supuestas reuniones que funcionarios del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos habrían tenido con los negociadores de las Farc, como lo denunció el propio Alejandro Ordóñez el 19 de septiembre de 2013.
En su momento aseguró que "la Procuraduría tiene conocimiento reciente que varios funcionarios públicos en actual ejercicio de su investidura se han trasladado a La Habana sin permiso del Gobierno Nacional”.
Pero esa no fue la misma conclusión a la que llegó la Sala Disciplinaria de la propia Procuraduría. Juan Carlos Novoa, jefe de la investigación, encontró que no existe información para confirmar los señalamientos hechos por el jefe del Ministerio Público
Caracol Radio conoció el auto en el que se ordenó el archivo del expediente donde queda al descubierto que como parte del proceso se solicitó información al entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y al jefe del Estado Mayor Conjunto se las Fuerzas Militares sobre si en las operaciones “Odiseo” y "Sodoma", en las que murieron Guillermo Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, y Jorge Briceño Suárez, alias El Mono Jojoy; se encontró información sobre funcionarios que hubieran participado en la "promoción, colaboración, fomento, financiación y auspicio de grupos armados de la ley", en este caso de las Farc.
Según el auto, solo dos nombres aparecen relacionados. Son los de las excongresistas Gloria Inés Ramírez y Piedad Córdoba, a quienes la Procuraduría ya había investigado. En el caso de la exsenadora Ramírez el proceso fue archivado y en el de la entonces dirigente liberal se ordenó su destitución.
“Los únicos nombres que aparecen en parte de dichas informaciones son los de Piedad Córdoba y Gloria Ramírez, se trata de la mención de personas que anterior a estas operaciones militares se desempeñaban como congresistas de la república con ese nombre, esta dependencia no podría adelantar ninguna actuación contra estas servidoras públicas, por cuanto ellas ya fueron investigadas por el despacho del procurador general, a Gloria Ramírez se le cerró el proceso disciplinario a su favor y a Piedad Córdoba se le destituyó por 18 años”.
Según Novoa en el "presente caso no existen elementos para inferir la presunta comisión de una conducta disciplinable y mucho menos que algún servidor público, sobre el cual se pueda continuar la actuación disciplinaria, esté individualizado o identificado”.
El auto revela, además, que por dispositivos electrónicos obtenidos durante las operaciones “Odiseo” y “Sodoma”, inteligencia militar tiene evidencia de la intención de las Farc para "mantener y extender alianzas con diferentes sectores públicos", a lo que nunca identificaron.
