Adiós a las armas, ¿pero cuándo?
Con armas en poder de la guerrilla, no es posible la aplicación de los mecanismos de justicia transicional, la reincorporación a la vida civil y menos la participación política.
Adiós a las armas, ¿pero cuándo?(Colprensa/ Archivo)
En la declaración que leyó el jefe de negociadores Humberto de la Calle el pasado 23 de marzo desde La Habana, la palabra armas es mencionada 11 veces con énfasis en los párrafos sustanciales de la declaración: “dejación de armas”, “no política y armas”. Son expresiones reiterativas en el mensaje de la fallida fecha prevista desde hace seis meses para la firma definitiva de acuerdos de paz con las Farc.
El comunicado, con sabor de discurso, lo que deja en claro es que las Farc aún no tienen una decisión firme de dejar definitivamente las armas –al menos no una fecha precisa— pues no es suficiente que empiecen a dejarlas 60 días después de la firma de los acuerdos –como ya está pactado—sino que quede establecida la fecha final en que se deshagan del último AK47 o del ultimo mortero.
Uno de los argumentos sustanciales de la declaración de De la Calle es que, con armas en poder de la guerrilla, no es posible la aplicación de los mecanismos de justicia transicional, la reincorporación a la vida civil y menos la participación política. Por eso en la definición de lo que debe ser un buen acuerdo afirmó que debe ser aquel que “ponga orden en un proceso de dejación de armas. Con plazos fijos. Sin zonas grises”.
Esa línea que ha trazado el Gobierno, y que por lo dicho hasta ahora no modificará, es el nuevo punto de diferencia sustancial en La Habana, eso que llama De La Calle “diferencias importantes con las Farc sobre temas de fondo” y que viene a sumarse a otras también de envergadura como el número de zonas de ubicación, la movilidad territorial o las restricciones para relacionarse con la población, algo que tiene como antecedente nefasto lo que pasó en Conejo – Guajira.
El endurecimiento de las Farc frente al tema de las armas, parecerían tener origen en dos hechos: en la presión del gobierno para que haya un avance definitivo hacia la firma del acuerdo y evitarle así al proceso más desgaste ante la opinión, y el recrudecimiento en el último año, cuando se dio la tregua unilateral, de la violencia contra dirigentes sociales y militantes de izquierda, entre ellos de la Unión Patriótica y de Marcha Patriótica, desatada por bandas criminales y opositores de restitución de tierras ligados a grupo paramilitares. Las cifras indican que los asesinatos aumentaron 35% en el 2015, según el Cerac.
Por ahora, las negociaciones vuelven a quedar en estado de crisis. Su desenlace dependerá más del pragmatismo de las partes, de la recuperación de la confianza y de los buenos oficios de la comunidad internacional.
