Autores de la ley antidiscriminación controvierten al procurador

Ante la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez de pedir que la Corte Constitucional tumbe la ley antidiscriminación o en su defecto la modifique para hacer mayor claridad sobre las penas y precisar los términos que son considerados como real discriminatorios, los autores de esta ley, que fue sancionada por el presidente Santos el año pasado, manifestaron que lo que se quiere es que no se tenga ninguna consideración con los victimarios.

“Es un pronunciamiento polémico, la posición del procurador es un concepto pero no es obligante. Será la Corte Constitucional la que tome la decisión final. La discriminación es reprochable, es un delito. Este articulado lo que busca es generar ambientes de respeto hacia las personas que están siendo objeto de hostigamientos y discriminación”, manifestó la congresista Clara Rojas en diálogo con 6AH Hoy por Hoy de Caracol Radio.

El otro coautor de la iniciativa, el senador Juan Manuel Galán, dijo que lo que plantea el proyecto en materia penal se hizo con la idea de generar conciencia en la sociedad de que estos actos obscenos y hostigantes deben servir de ejemplo.

“Es natural que la cárcel debe ser la última instancia para sancionar conductas en una sociedad, pero es importante que en un país como Colombia donde hay tantas injusticias y hostigamientos hacia estas poblaciones, se mande un mensaje a la sociedad. Este tipo de mensajes promueven cambios sociales”.

Los parlamentarios pidieron a los críticos que entiendan que la ley fue sancionada hace poco, junio de 2015, y está en proceso de socialización para que la gente entienda los derechos que le da está ley y que pueden acceder a la justicia.

Según el concepto enviado por Ordóñez, insiste en que la ley antidiscriminación debe ser declarada inconstitucional porque no hace claridad cuáles son los hechos puntuales que determinan la discriminación a comunidades como afrodescendientes, indígenas, LGBTI y discapacitados.

Ordóñez argumenta para sustentar su posición que no hay definiciones legales claras en ese proyecto y que muestra de eso es que de los 74 denuncias por discriminación no ha habido en el país ninguna detención todavía. Y agrega que las denuncias terminan siendo “inútiles”, las penas son excesivas y desproporcionadas.