Pese a condenas las Farc podrán participar en política: fiscal

El fiscal general, Eduardo Montelagre, explicó que entre los alcances jurídicos que podría llegar a tener el acuerdo sobre víctimas que se suscribió en La Habana con las Farc está la posibilidad de participar en política “aunque hayan sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos o por delitos internacionales”.

Dijo que comisión de un delito de orden internacional, de un crimen de lesa humanidad o de un crimen de guerra, “no inhabilitara para la participación en política”.

Según Montealegre “así se trate de delitos de crímenes internacionales, delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, si el insurgente colabora y reconoce responsabilidades en el conflicto armado colombiano, puede ser favorecido con sanciones alternativas no restrictivas de la libertad”.

Dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz prevé sanciones restrictivas de la libertad en algún lugar del territorio, que deberán ser monitoreadas y vigiladas.

La JEP comenzará su trabajo con la recepción de los informes que sobre investigaciones adelante la Fiscalía por delitos cometidos durante el conflicto.

“La Jurisdicción Especial de Paz no solo va a tener en cuenta los informes de la Fiscalía, sino que recibirá todos los informes del Estado colombiano; de la Procuraduría, de la Contraloría y organizaciones no gubernamentales”, puntualizó el fiscal Eduardo Montealegre.

Según dijo Montealegre, la Jurisdicción Especial de Paz podrá resolver sobre la anulación de sanciones que haya impuesto la Procuraduría General de la Nación o cualquier otra entidad disciplinaria en Colombia, por conductas que tengan relación con el conflicto armado colombiano.

Narcotráfico delito conexo

El fiscal Montealgre destacó que el acuerdo sobre víctimas “consagra un criterio muy amplio de conexidad que daría, incluso, la posibilidad de que los delitos de narcotráfico que tengan relación directa con las actividades de la insurgencia podrán ser objeto de amnistías y de indulto en Colombia”.

El acuerdo contiene la garantía de no extradición por delitos cometidos antes de la firma de la paz, siempre y cuando tengan relación con el conflicto armado colombiano.

Montealegre explicó que el acuerdo no toca el fuero presidencial, pero si permite que los delitos cometidos antes de llegar al solio de Bolívar puedan terminar en manos del tribunal de paz.

“Los hechos que haya cometido un Presidente de la República durante el ejercicio del cargo y que tengan relación con la función no irán a la jurisdicción especial de paz”.

JEP y los militares

Destacó que con el acuerdo los delitos cometidos por militares “entrarán en la Jurisdicción Especial de Paz" lo que significa que "la Justicia Transicional conocerá todas las graves violaciones a DD.HH. con relación al conflicto... si el hecho tiene relación con el conflicto, será competencia de la Jurisdicción Especial de Paz”.

“Podemos decir que frente a los militares podrá existir pena privativa efectiva de la libertad, por ejemplo frente a casos como los falsos positivos, que podrán entrar en la Justicia Especial de Paz y ser objeto de Justicia Transicional”, explicó el fiscal Montealegre.

Aunque según dijo debe existir privación efectiva de la libertad, se puede hablar de disminución de la pena por colaboración en materia de verdad y reparación.

Pueden existir además tratamientos penitenciarios flexibles, “como arrestos de fin de semana o trabajos diurno y arresto nocturno”, dijo el fiscal general, señalando que existe una extensa gama de posibilidades de tratamientos penitenciarios flexibles para los militares.

Garantías jurídicas

Para el fiscal general las decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz serán definitivas. “Solamente pueden ser resueltas por la misma jurisdicción, ni siquiera la Corte Supera de Justicia podrá revisar las decisiones”.

Está previsto que esta revisión quede en manos de la sala de estabilidad y eficacia de las resoluciones y las sentencias, que seguirá funcionando así desaparezca el Tribunal para la Paz.

Explicó además que “debe existir una modificación constitucional a los temas relativos a la tutela, porque un juez de la República no podría decidir sobre protección de derechos fundamentales que puedan afectar el proceso".

"Las decisiones que tome la jurisdicción especial son intangibles son definitivas y cierran por siempre cualquier posibilidad de abrirse procesos hacia futuro por hechos relativos al conflicto armado colombiano”.