No fui jefe de seguridad del Palacio de Justicia: general Naranjo

Como jefe de contrainteligencia de la Dijin alertó sobre las condiciones de seguridad y la interceptación de teléfonos de magistrados.

En diálogo con Caracol el general (r) Óscar Naranjo negó las versiones que lo señalan de haber sido el jefe de seguridad del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 cuando el M-19 se tomó a sangre y fuego las instalaciones del edificio de las altas cortes.

Desde Cuba El oficial, quien hace parte del equipo negociador con las Farc, aseguró para 1985 él era jefe de contrainteligencia de la Dijin y aclaró que la unidad policial que prestaba los servicios de seguridad de instalaciones del Palacio de Justicia era la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre la que dijo él no tenía el mando.

 "Si fui responsable de adelantar el estudio de seguridad del Palacio de Justicia que fue presentado a la sala de Gobierno de la Corte con anterioridad a la toma del palacio. Allí se relacionaron las medidas de seguridad que debieron haberse implementado.

Como resultado de ese trabajo el Presidente de la Corte, Alfonso Reyes E., dirigió una nota reconociendo el trabajo tan profesional elaborado por mí al Director General de la época el General Delgado Mallarino".

Naranjo asegura desconocer las razones que llevaron a retirar la escolta del Palacio de Justicia justo para la fecha en que ocurrió la toma por parte de la célula del M-19.

Sostuvo que la entonces fiscal Ángela María Buitrago lo llamó a declarar en el proceso, donde "documental y probatoriamente quedó demostrado que yo no era el jefe o responsable de la seguridad de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia".

A la pregunta de por qué algunos de los familiares de los magistrados inmolados durante la toma y retoma del Palacio lo señalan como uno de los responsables DEA seguridad del edificio, el oficial atribuyó el hecho a la relación permanente que mantenía con algunos de los juristas luego de descubrir que sus líneas telefónicas estaban siendo interceptadas por orden del cártel de Medellín. Para ese momento la sala Constitucional estudiaba la legalidad del tratado de extradición con EEUU.

"Yo adelanté meses antes de la toma una investigación que llevó a la captura de las personas que estaban interceptando los teléfonos de varios magistrados. Las amenazas de los extraditables llegaban con casetes que contenían conversaciones de los magistrados. Yo adelanté esa investigación y judicializamos a los responsable que eran contratados por Rodríguez Gacha. Creo que puede ser esa la razón porque los magistrados a raíz de esa investigación mantenían contacto conmigo".

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