Ratifican condena que ordena al Congreso pagar más de 1.000 millones

 “Nadie está obligado a soportar las consecuencias adversas de una norma que nació a la vida jurídica contrariando la Constitución, pues ello sería desdibujar el principio de la supremacía constitucional, que constituye la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico. Los ciudadanos, y es apenas lógico, esperan legítimamente, con fundamento en el  principio de confianza legítima, que el legislador expida normas que se ajusten al texto constitucional”, indica el fallo.