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Empresas de servicios públicos no pueden imponer multas a usuarios

Sin embargo, las empresas de servicios públicos están facultadas para cobrar los consumos no facturados.

Al fallar una demanda el Consejo de Estado estableció que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios están facultadas para cobrar los consumos no facturados, pero no para imponer multas a los usuarios

Para la corporación judicial, la Empresa de Energía de Cundinamarca no podía imponer una multa millonaria a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por una presunta adulteración de los equipos y redes eléctricas en el Hotel Tocarema, que imposibilitó la facturación de los consumos reales

La entidad sancionada fue la DNE, ya que el Hotel Tocarema fue puesto a su disposición mediante un proceso de extinción de dominio. Por tanto, aunque no el titular del dominio del bien, tenía la obligación de tomar las medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento de los bienes a su cargo y era responsable de las obligaciones y derechos de los contratos de servicios públicos

 La nulidad decretada por el Alto Tribunal es parcial debido a que no afecta la decisión relacionada con el cobro de la energía no facturada y con el cobro de la revisión técnica efectuada por la empresa

La Sección Primera, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla Moreno, explicó que los cobros que se han hecho a título de sanción comportan una clara y evidente violación de los artículos 6, 29 y 210 constitucionales, pues constituyen una extralimitación de las funciones y prerrogativas que les han sido reconocidas por la ley a las empresas de servicios públicos domiciliarios

Por otra parte, explica la decisión, el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 solo faculta a las empresas de servicios públicos domiciliarios para cobrar los consumos no facturados, pero no para imponer multas a los usuarios

En su decisión, la Sala recordó que la Corte Constitucional, en sentencia SU 1010 del 2008, les ordenó a las empresas de servicios públicos domiciliarios que se abstuvieran de imponer sanciones pecuniarias a los usuarios de tales servicios, y que no cobraran las sanciones impuestas con anterioridad a esa providencia que no se hubiesen pagado.

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