Piden al Gobierno incluir tema de minas antipersonal en proceso de paz
Para el Consejo de Estado es necesario que el país esté completamente desminado.
El Consejo de Estado le hizo un llamado de atención al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que se incluya en las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc el tema de las minas antipersonal para buscar una solución a esta problemática que afecta a la población civil
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Para el alto tribunal "es imperativo advertir que en todo proceso de paz es fundamental el compromiso de las partes en encontrar todos los medios que sean necesarios para que el desminado humanitario sea una realidad en la etapa del posconflicto, de ello depende el establecimiento de una paz estable y duradera"
En ese sentido la corporación, "exhorta al Presidente de la República, como supremo director de las negociaciones de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional, a que incluya como un punto concreto, la problemática de las minas antipersonal; y aunque si bien, es evidente que el acuerdo no garantizaría, por sí mismo, la eliminación del problema en el corto o mediano plazo, se hace imperativo incluir la discusión de este punto de cara a la eliminación completa de este rezago de la guerra que lastimosamente se extendería hasta el período del posconflicto”
El pronunciamiento fue hecho al condenar al Ejército Nacional por la muerte de un joven campesino en el municipio de Yalí, Antioquia, en octubre de 1997, cuando activó un rocket que había sido acondicionado por la guerrilla para fungir como mina antipersonal
La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, analizó el caso y encontró que la acción de la subversión contra la fuerza pública no era un hecho nuevo, como tampoco el minado de los sitios de los atentados, por lo que una medida mínima de protección para la población civil era la demarcación de la zona y la erradicación de los artefactos que estaban ahí
Por lo anterior, el Ejército tendrá que pagar como indemnización a los familiares de la víctima cerca de 400 millones de pesos. Además, la sentencia será enviada al Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
