Segunda condena contra la Nación por crímenes de los denominados 12 apóstoles
El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional al pago de una indemnización por la muerte de un joven a manos del grupo de limpieza social.
Al respecto, la Sección Tercera, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, indicó que se logró probar que los crímenes cometidos son atribuibles a un grupo de personas financiadas por comerciantes y ganaderos de la región, asistidos por miembros de las entidades de seguridad del Estado, entre las que se comprometió a la Policía y el Ejército Nacional, sin contar con la especial participación de un sacerdote
La sentencia llama la atención en torno a la “pobre instrucción del ente acusador en el proceso”, pues pese a que se iniciaron investigaciones penales en contra de varios civiles y miembros activos de la Policía Nacional, la mayoría fueron absueltos
“Se lamenta que el proceso penal no contara con los elementos suficientes para haber esclarecido el total de las circunstancias en que se sucedió toda esa barbarie –así como la incompetencia de las instituciones para encarar semejante investigación y acusación-, no queriendo afirmar con ello que, respecto a los elementos de juicio presentados, se carezca por completo de certeza para decidir en esta oportunidad, pues si bien se hizo insuficiente para un fallo condenatorio en la jurisdicción penal, en la que compete ahora el acervo es abundante para declarar la falla en el servicio”, indica el fallo
Además, contempla medidas de justicia restaurativa como “la construcción de un monumento alegórico a la vida, a cargo de la Policía Nacional, que se erigirá en el parque principal del municipio de Yarumal, teniendo en cuenta que “frente a crímenes de esta naturaleza el remordimiento por la muerte pertenece a la memoria colectiva de una sociedad, para que hechos como esos no se repitan jamás”
De otro lado, “se ordena al Centro de Memoria Histórica, mediante su Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, y al Archivo General de la Nación, la preservación de la sentencia y la custodia y conservación de su archivo, con el fin de que integre y fortalezca el patrimonio documental histórico de la Nación colombiana, tanto como la memoria consciente de la violencia del conflicto interno y el padecimiento de sus víctimas”
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional tendrán que pagarle a la familia de la víctima una suma cercana a los 500 millones de pesos como indemnización
