En manos del contencioso quedó elección de Francisco Ricaurte en la Judicatura

El Consejo de Estado admitió una demanda contra el acto de elección de Francisco Javier Ricaurte Gómez como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

Esta demanda fue interpuesta por Rodrigo Uprimny y Paula Alejandra Rangel Garzón, quienes consideran que se violó el artículo 126 de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco o a personas vinculadas con servidores públicos competentes para intervenir en su designación

Según los demandantes, quienes participaron en la elección del magistrado desconocieron la prohibición de nombrar en un cargo público a quien ha intervenido en su elección y, en este caso, varios magistrados que eligieron a Ricaurte habían sido elegidos previamente por él o con su participación

El demandante aclara que la demanda pide la nulidad de los actos administrativos de elección y no es contra la persona de Francisco Javier Ricaurte

“Si la Constitución prohíbe a un funcionario usar su poder de designación para nombrar a familiares de quien intervino en su propia elección, es obvio que, con mayor razón, le está prohibido nombrar a la persona que directamente intervino en su designación”, cita. El proceso fue asignado a la magistrada Susana Buitrago de Valencia, de la Sección Quinta

El tema ya se había discutido en Sala Plena de la Corte Suprema, antes de la elección, y hubo posiciones encontradas. Por ello, los magistrados María del Rosario González, Óscar Arturo Solarte y Jesús Vall de Ruten votaron en blanco

Uprimny considera que los votos nulos de los magistrados que estaban impedidos no permitirían a Ricaurte alcanzar la mayoría necesaria que exige la Constitución y el reglamento de la Corte Suprema para ser elegido.