Reforma a la justicia o el fin de la armonía entre Santos y el Congreso

A mediados del año se produjo el escándalo político del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Doce congresistas reformaron el texto ya aprobado por el Congreso que cambiaba el sistema judicial. Sin la presencia de los ministros de Interior y Justicia lograron meterle ‘orangutanes' a la iniciativa

 La reforma a la justiciaera la bandera del presidente Juan Manuel Santos en el Congreso durante su Gobierno, el cual inició con una reunión con las altas cortes para hacer borrón y cuenta nueva en las relaciones entre la justicia y el Ejecutivo tras años de tensiones con Álvaro Uribe

Un año después del emparejamiento, el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, presentó una reforma judicial ante el Congreso, de la cual presumía tenía el apoyo de la rama y que ayudaría a descongestionar los despachos (que tienen más de 3 millones de procesos) y le garantizaría recursos por seis años para sistematizar la justicia

Sin embargo, a lo largo de las ocho votaciones de la reforma constitucional, el Gobierno y el Congreso comenzaron a distanciarse sobre el fondo y la forma de varios puntos, como la financiación de la rama. Las Cortes afirmaron que ésta ya no tenía “el espíritu” que había motivado el debate y criticaron el proyecto

No obstante, el 14 de junio, a solo 6 días de que se acabara el año del Congreso, el acto legislativo fue aprobado en la plenaria del Senado y sólo le faltaba su conciliación con el texto que ya había pasado en la Cámara

Según la norma, para una conciliación se deben reunir parlamentarios de ambas cámaras de todos los partidos para comparar los textos aprobados y determinar cuál de los dos debe quedarse, sin modificarlos o fusionarlos

En esa ocasión fueron elegidos como conciliadores: Jesús Ignacio García, Juan Manuel Corzo, Eduardo Enríquez Maya, Luis Fernando Duque, Alejandro Chacón, Orlando Velandia, Martín Emilio Morales, Juan Carlos Restrepo, Gustavo Puentes, Germán Varón, Carlos Osorio y Roosvelt Rodríguez

Cada parlamentario tenía una versión diferente de cómo se dio este encuentro, en el club de Ejecutivos del centro de la ciudad. Sin embargo, dos aspectos produjeron dudas en la oposición: que el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra no estuviera revisando con el Congreso el texto final, y que como “notario” de la reunión estuviese el entonces polémico secretario general del Senado, Emilio Otero, quien tenía denuncias de recibir gabelas por parte de los legisladores

El texto final fue aprobado, a pupitrazo, por las dos plenarias del Congreso, presididas por el senador Juan Manuel Corzo y el representante Simón Gaviria, quienes admitieron días después que no leyeron lo que estaban votando

Los medios de comunicación denunciaron de inmediato los ‘micos’ que se le introdujeron al texto final de la iniciativa: un congresista destituido por violar el régimen de inhabilidades no sería castigado con pérdida de investidura y no estaría impedido para ejercer cargos públicos en el futuro; los empleados públicos, incluidos los congresistas, podrían financiar campañas electorales; solo podría ejecutarse la captura de un congresista cuando existiera un fallo acusatorio, nunca en la fase de investigación; se extendía el periodo judicial de los magistrados de las altas cortes de 8 a 12 años. Su edad de retiro forzoso se prolongaba hasta los 70 años y se eliminaba la edad mínima de 50 años para llegar a este cargo

Así mismo, el polémico funcionario Otero quedaba dentro del grupo de personas que tendrían los mismos privilegios judiciales que un parlamentario, sin explicación alguna

Finalmente, la reforma, si entraba en vigencia y era firmada por el presidente Santos, obligaría a que más de 1.500 procesos judiciales de congresistas que estaban en la Corte pasaran a la Fiscalía

Ante la crisis institucional generada, con un Congreso que para la fecha ya estaba en vacaciones, en un hecho sin precedentes el presidente Juan Manuel Santos, en alocución al país tras su regreso de un viaje a Brasil, anunció que devolvería la reforma judicial al Legislativo para que fuera archivada en sesiones extras

El jefe de Estado criticó el actuar de los conciliadores, asegurando que lo aprobado ayudaba a quienes querían “escapar de la justicia”. Los legisladores, a su turno, acusaron al Gobierno de presionar la aprobación de la iniciativa

Las consecuencias políticas las asumió el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien un día después de la decisión del presidente Santos, renunció irrevocablemente a su cargo

Las consecuencias en la Unidad Nacional no se hicieron esperar. Otro revolcón del gabinete hizo que el entonces ministro del Interior, Federico Renjifo, pasara a la cartera de Minas y a la jefatura política llegara Fernando Carrillo, encargado de recomponer las relaciones con el Congreso

En materia judicial, laCorte Suprema de Justicia abrió investigación a los 12 conciliadores de la reforma y envió copia a la Fiscalía General para que determinara si había posibilidad de hacer lo propio con los ministros Renjifo y Esguerra

El Congreso hizo un ‘mea culpa’ y varias bancadas acordaron no volver a estudiar una reforma judicial durante lo que dure el cuatrienio de sesiones. Así mismo, la presión de las redes sociales evitó que el Senado reeligiera a Otero como su secretario general y se inició el movimiento “Revoquemos el Congreso”, liderado por el senador Camilo Romero, para recoger firmas y llamar a un referendo que pregunte a los colombianos si se quiere cambiar la constitución para permitir que los parlamentarios sean objeto de revocatorias de mandato

La nueva ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien fue magistrada del Consejo de Estado, coincide en que las reformas al sistema se pueden hacer sin cambios en la Constitución.