Hay 14 políticos implicados en escándalo de DNE, vea en qué están

Eduardo Enríquez Maya. El senador conservador fue investigado por presunta influencia en nombramientos en una de las dependencias de la entidad y en la presunta entrega de administración de bienes a un cercano suyo. La Sala Penal de la Corte archivó este año su investigación, al afirmar que no había certeza de su responsabilidad. El legislador es miembro de la comisión primera del Senado y fue ponente de la fallida reforma a la justicia

Miryam Paredes. La senadora conservadora es investigada por su presunta influencia para que varios inmuebles de Estupefacientes fueran administrados por uno de sus familiares. La legisladora admitió que visitó 6 veces la entidad pero “no para pedir favores, sino proyectos para Nariño”, su departamento. Actualmente es presidenta de la Comisión Segunda y su proceso sigue en investigación

Hernán Andrade. El senador conservador es investigado por supuestamente lograr que a amigos suyos se les entregaran establecimientos y bienes inmuebles para administrar en Barranquilla, Santa Marta y Huila. Reconoció que visitó las oficinas de Estupefacientes en 14 oportunidades, pero no para influir en los nombramientos de los administradores. Este año hace parte de la comisión primera del senado y fue nombrado vocero del Partido, pero renunció a los pocos días de esta actividad

Jaime Armando Yepes. Representante por el partido de La U, investigado por presuntamente influir para que se entregaran 9 sociedades de comercio a la caja de compensación del Tolima. Su caso continúa abierto

Álvaro Ashton. El senador liberal es investigado por la entrega de edificios y oficinas ubicados en Fusagasugá a una amiga que administró los bienes. El legislador advirtió que su única relación con Estupefacientes ha sido en debates de control político y negó tales acusaciones. Ashton fue vinculado este año a una investigación por presunta parapolítica. Además de negar tales señalamientos, denunció que ha sido extorsionado por un cartel de falsos testigos

Óscar Fernando Bravo. El representante conservador es investigado por presuntamente haber recibido, a través de un tercero, bienes en Ipiales. Ha advertido que desconoce tales situaciones, aunque admitió la entrada a la Dirección de Estupefacientes en al menos 11 oportunidades

Lucero Cortés. La ex representante a la Cámara del partido de La U permanece detenida domiciliariamente tras ser condenada a 5 años de prisión por tráfico de influencias en el Consejo de la Judicatura. Paralelamente la Corte continúa su investigación por cometer presuntamente un delito similar para adjudicar 4 vehículos a personas cercanas a ella. El año pasado denunció penalmente al entonces director de la entidad, Juan Carlos Restrepo

Héctor Ospina. El representante conservador es investigado por presuntamente haberse beneficiado de una estación adjudicada a personas que serían cercanas a él. Negó cualquier señalamiento y hoy continúa su actividad parlamentaria

Luis Humberto Gómez Gallo. El ex senador conservador, detenido desde 2007 tras ser condenado por parapolítica, es investigado por beneficiarse de la misma estación de Ospina. Según la Corte Suprema visitó al menos 15 veces la Dirección, pero el exlegislador ha manifestado que lo hizo por su cercanía al hoy exdirector de la entidad, Carlos Albornoz

Miguel Pinedo. El exsenador de Cambio Radical es investigado por presuntamente haber influido para que su hermano fuera administrador de varios locales comerciales y una finca en la Costa Atlántica. Actualmente está condenado a 9 años de prisión por parapolítica

Rufino Córdoba. Exsenador del partido Colombia Democrática, que hoy no tiene representación en el Congreso. Según un informe publicado por el diario El Tiempo, la Corte Suprema de Justicia separó el expediente de Córdoba de los demás políticos investigados por el caso, debido a que un testigo afirmó que estaba presionando para que se cambiara al beneficiario de una hacienda en Jamundí, Valle

Ómar Yepes. El exsenador conservador y barón electoral en Caldas, es investigado por presuntamente ayudar a que un cercano tuviera bajo su administración una finca incautada en Manizales. El político admitió haber estado en la entidad, pero para averiguar la situación judicial de un predio ubicado en su departamento

Javier Cáceres. El expresidente del Senado y ex legislador de Cambio Radical también es investigado por presuntamente haber influido en la entrega de bienes para administrar a personas cercanas, aunque no se encontraron entradas del político a la entidad en los últimos años. Cáceres actualmente afronta una pena de 9 años de prisión por nexos con las autodefensas.