La petición de las Farc sobre Simón Trinidad es oportunista: Consejo de Estado
Gustavo Gómez además le advirtió al Gobierno que tiene que reparar a las víctimas del desplazamiento que causen las Fuerzas Militares.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, indicó que la petición de las Farc para que Simón Trinidad, preso en Estados Unidos, haga parte de la mesa de negociación, puede interpretarse como una petición equivocada y oportunista para conseguir por vía del proceso liberaciones que son difíciles de lograr, lo que pone en una situación de complejidad al Gobierno Nacional
“Es un camino repleto de dificultades y oposiciones de toda índole, nos parece que esta petición trae problemas”, dijo el presidente del Consejo de Estado a Caracol Radio
Señaló Gómez que la postulación trae dificultades por las razones legales que comprometen a Simón Trinidad, sin embargo el tema deberá ser analizado
El Consejo de Estado además le advirtió al Gobierno que tiene que reparar a las víctimas del desplazamiento que causen las Fuerzas Militares
El pronunciamiento lo hizo el máximo Tribunal, al constatar que el Ejército fue autor de varios desplazamientos en Santander en el anterior gobierno, y aún así la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas se niega a entregarles ayudas humanitarias a los afectados
De esta manera, el Consejo amparó los derechos de una víctima del desplazamiento de un municipio en Santander, a quien a principios del 2008 por delatar a un jefe guerrillero ante las autoridades, fue amenazada por miembros del Batallón del Ejército Número Cinco de ese departamento supuestamente por ser colaboradora de las Farc, hechos por los que tuvo que salir huyendo con su familia, integrada por cuatro menores y una persona de la tercera edad
Según el Alto Tribunal, la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas venía haciendo una interpretación errónea de la ley 387 de 1997, bajo el entendido que la Fuerza Pública no genera desplazamientos forzados
El Consejo de Estado determinó que la norma no comprueba que las amenazas o vulneraciones deban provenir únicamente de grupos al margen de la ley, sino que sólo garantiza las ayudas a las víctimas del desplazamiento, por lo que también deben ser incluidos el Ejército, la Policía y demás instituciones de las Fuerzas Armadas