Asonal hace duras críticas a la Reforma a la Justicia

Duras críticas a la Reforma a la Justicia que se debate en el Congreso, hizo el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro Calle, quien aseguró que la reforma no va a solucionar los grandes problemas que tiene la justicia para el ciudadano de a pie. Aseguró el dirigente gremial que el trasfondo de los congresistas que la impulsan es otro, la cual es cambiar la Constitución del 91, desequilibrar los poderes públicos, blindarse para que no sean investigados, atentar contra el poder judicial y meter en cintura a los jueces

Reconoció que la iniciativa legislativa parte de que en la justicia hay congestión, impunidad e ineficiencia, pero advirtió que la reforma propuesta no soluciona ninguna de esos problemas y que lo único que pretende es someter al juez, no permitirle realizar a cabalidad sus misiones, que son decidir sobre los procesos a su cargo, pero también proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y salvaguardar el equilibrio de los poderes públicos, de modo que no exista preponderancia de uno sobre el otro

El jurista Otálvaro Calle también denotó la intención que encierra el proyecto de privatizar la justicia bajo el supuesto de reforzar la función judicial con particulares, pagados por honorarios, y también con notarios, lo cual calificó de muy grave, pues el Estado se despoja de la función de administrar justicia y se la entregue a los particulares

Planteó que como retaliación contra la Corte Suprema de Justicia por sus investigaciones por la Parapolítica y sus fallos, la reforma plantea quitarle a ésta la función de investigar a los aforados, y trasladarla a una Supercorte, un organismo totalmente político, para que así puedan seguir los mismos con las mismas. Indicó que otro adefesio que introducido al proyecto de reforma, es que los congresistas se blindan para evitar ser investigados, y no se les pueda capturar sin resolución acusatoria ejecutoriada

A todo lo anterior se suma que la reforma le quita a la Corte y al Consejo de Estado injerencia en el nombramiento del Procurador General, y le da esa responsabilidad al Presidente de la República y de esa manera la Procuraduría, que es un organismo de control de la función pública, queda en manos del presidente y el Congreso, con lo que se atenta contra el equilibrio de poderes