No más colegios como albergues de damnificados, dice Gobierno de Antioquia

Los colegios son instituciones sagradas para la educación, afirmó el director del Dapard, César Augusto Hernández Correa, al ratificar que esas instituciones no podrán ser utilizadas como albergues temporales

“De los errores del pasado uno tiene que aprender para no volver a repetirlos dijo el director del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, Dapard, Cesar Augusto Hernández al precisar que en un trabajo conjunto con los Clopad se están identificando y definiendo los lotes donde serán reubicadas las personas que resulten afectadas por la primera temporada invernal de 2012

Por lo general estas propiedades pertenecen a los municipios. En esos terrenos se construirán los albergues, los cuales son estructuras temporales con servicios públicos y habitaciones que estarán unidas entre sí y servirán para atender entre 25 y 50 familias

Indicó que la temporalidad va de 3 a máximo 6 meses y que si hay una afectación total en el municipio, las alcaldías tendrán que formular proyectos de reasentamiento de vivienda definitiva en sinergia con la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA-. El Dapard cuenta actualmente con 2.000 millones de pesos “para atender a toda Antioquia en temas de atención de emergencias y ese presupuesto de alguna manera como director lo pone a pensar a uno. Se viene una temporada nueva y son dos temporadas invernales al año”. Por este motivo el funcionario invita al Gobierno Nacional, al Fondo de Adaptación, al Fondo de Calamidades, municipios y gremios, a aunar esfuerzos para trabajar el tema de la prevención y recomienda a las comunidades antioqueñas fortalecer la cultura de la prevención individual y luego la prevención colectiva

Además de reactivar los Clopad, las administraciones municipales que en este momento están revisando y ajustando los Planes  Esquemas de Ordenamiento Territorial, deberán ser rigurosos en el análisis de cómo se van a expandir los municipios para evitar que zonas de riesgos sean empleadas para la construcción de viviendas o locales comerciales.