Estado pagó más de 5.200 millones a presuntas ‘falsas víctimas’ de masacre de Mapiripán

Una decisión sin precedentes se podría generar en los próximos meses si la Corte Interamericana, con base en las revelaciones de la Fiscalía y la decisión de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, decide revocar total o parcialmente la condena al Estado por la histórica Masacre de Mapiripán, en la que siempre se especuló perecieron más de 50 personas y al parecer, sólo 10 fueron asesinadas. Caracol Radio conoció que el dinero entregado a las hoy señaladas como ‘falsas víctimas’ asciende a los 5.200 millones de pesos. Sin embargo, uno de los casos en los que más se evidencia el aparente engaño propiciado por representantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quienes asesoraron este caso, es el de Mariela Contreras, quien declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la desaparición y muerte de su esposo y sus dos hijos quienes no habrían perecido en la Masacre de Mapiripán, pero recibieron 1.751 millones de pesos, de los cuales el 30 por ciento le correspondió a los abogados del colectivo. En este caso, la señora Contreras, quien ayer se presentó en la audiencia de formulación de imputación a ex paramilitares donde se hicieron estas graves revelaciones, se retractó de lo dicho y dijo que uno de sus hijos, Hugo Fernando, estuvo en la guerrilla y se desmovilizó en 2008

Otra de las familias que recibió la millonaria indemnización del Estado fueron los Pinzón López. En este caso el Estado, a través del Ministerio de Defensa, les pagó mil 258 millones de pesos, sin embargo la Fiscalía comprobó que una de los integrantes de esta familia, Jaime Riaño Colorado, falleció en 1989. No menos escandaloso es el caso de Wilson Molina, otra de las víctimas que debía ser reparada por el Estado, y que apareció con vida, tal como se comprobó en enero de 1999 cuando figuro en unas bases de datos como desplazado en enero de 1999 y el 8 de febrero de 2003, cuando tramitó un duplicado de su cédula. Este ‘muerto’ que resultó vivo recibió 394 millones 600 mil pesos. Todas estas presuntas irregularidades por las que no sólo serán investigadas las personas que se hicieron pasar como desaparecidas o muertas, sino también los abogados que las contactaron para presentar una demanda contra el Estado desde 2001, y que finalmente obtuvieron en septiembre de 2005, serán sustentadas por la Cancillería ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar reversar una decisión en un hecho que no tendría precedentes.