Masacre Mapiripán

El oficial condenado por la masacre de Mapiripán pide declarar ese caso de lesa humanidad.

La sala penal del Alto Tribunal revocó la detención domiciliaria y las falsas víctimas deberán volver a prisión.

Todos terminaron por aceptar que engañaron al Estado mientras inventaron la muerte de sus familiares.

Adalia Azucena Figueredo fue capturada por el CTI en Villavicencio.

La mujer inventó la muerte de su esposo y cobró $1.150 millones.

Tiene que responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, secuestro extorsivo y agravado y terrorismo.

Las hermanas Pinzon aceptaron que le mintieron al Estado y que con su falso testimonio condenaron al general (r) Jaime Uscátegui

Un juez las encontró responsables de los delitos de fraude procesal y estafa agravada.

La diligencia se ha aplazado en siete oportunidades, dos por inasistencia del Ministerio de Defensa.

Un juez de Villavicencio impuso una pena de 40 años de prisión en contra del jefe del Clan Úsuga.

Por las falsas denuncias condenaron al general (r) Jaime Uscátegui a 37 años de prisión

Por inasistencia de las procesadas la audiencia se programó para el 16 de diciembre

El juzgado ya dio lectura al sentido de fallo condenatorio por mentirle al Estado

La ministra María Ángela Holguín explicó que el Gobierno seguirá trabajando de la mano con la Fiscalía para determinar si hay nuevos casos de presuntas falsas víctimas .

La petrolera canadiense Pacific Rubiales recibió de las autoridades ambientales dos licencias para operar sendos bloques petroleros en los departamentos colombianos del Meta y Sucre, informó hoy la compañía.

Esas personas recibieron del Estado 3.343 millones de pesos como beneficios económicos por su calidad de víctimas.

Tres personas que se presentaron como víctimas de la masacre ocurrida en 1997, aceptaron que mintieron para recibir una millonaria indemnización del Estado, informó la Fiscalía.

Escuche también las declaraciones de Aguas de Bogotá sobre el paro programado, el regreso de los campesinos de Tibú a su región y la opinión de las aseguradoras sobre el incremento de penas a conductores borrachos.

La defensa del oficial pide investigar abogados del colectivo Alvear Restrepo por las irregularidades en las indemnizaciones a falsas víctimas que recibieron más de $3.000 millones

Las supuestas víctimas ya fueron indemnizadas por el Estado y algunas incluso reconocieron que sus familiares no murieron en dicho ataque paramilitar.

Por esta masacre, cometida el 15 de julio de 1997, también fue condenado Raúl Emilio Hazbun Mendoza, la mano derecha de los hermanos Castaño.

En promedio cada víctima reclamó 700 millones de pesos como indemnización por la muerte o desaparición de algún familiar.

Al llamado zar de las esmeraldas varios exparamilitares lo señalaron de conformar el grupo ilegal conocido como Los Carranceros o Autodefensas Campesinas de Meta.