Polémica por proyectos que buscan blindar a los militares

Tanto el proyecto de reforma a la justicia como el de acto legislativo que busca garantizar el marco jurídico para la paz plantean artículos que buscan que solo la justicia penal militar investigue la totalidad de los delitos cometidos por los uniformados. Los congresistas se pronuncian

En el proyecto de reforma a la justicia, que pasó anoche su primera prueba en el Congreso, será discutida la ampliación del fuero militar para que cualquier delito cometido por militares o o policías sea solo conocido por la justicia penal militar. Sectores del Partido de la U, como los senadores Roy Barreras y Juan Carlos Vélez advirtieron ayer que el tema será parte de las discusiones que se realizarán en la comisión Primera del Senado

Paralelamente en la Cámara, a instancias del mismo Barreras, cursa el proyecto sobre marco para la paz, que tiene elementos peligrosos, según algunos congresistas

Hace 20 días se denunció que el proyecto de reforma constitucional de Barreras tiene un ‘mico’ que permitiría que paramilitares y guerrilleros comprometidos en delitos de lesa humanidad y de narcotráfico ocupen curules en el Congreso

El proyecto de acto legislativo plantea asimismo, la suspensión de la ejecución de penas o la renuncia a la persecución penal en casos que podrían incluir a los militares. La ponencia que sobre este proyecto presentó para primer debate en la Cámara el representante Carlos Edward Osorio, copartidario de Barreras, trata de aclarar que tales beneficios solo se aplicarán a quienes se desmovilicen “en el marco de un eventual proceso futuro”

Pero en lo referente a la justicia transicional le hace un agregado: “Estos instrumentos podrán autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades, y serán temporales y excepcionales”

Para el representante liberal Guillermo Rivera las fuerzas militares han estado involucradas en el conflicto y por lo tanto serían beneficiadas de eventuales indultos y amnistías por delitos cometidos en el servicio, incluso de lesa humanidad, mientras que el representante Germán Navas Talero considera que hay un interés marcado por colocar crímenes de guerra y de lesa humanidad como si fuesen delitos políticos

En la ponencia de Osorio se aclara en su artículo primero (que crea uno transitorio en la Constitución), que “el Congreso de la República, a iniciativa del Gobierno Nacional, determinará los criterios de selección y en consecuencia podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de la pena en los casos a los que haya lugar”

Esa suspensión de la ejecución de penas o la renuncia a la persecución penal equivalen a amnistías e indultos, según el representante Miguel Gómez, también del Partido de la U, quien sostiene que son figuras proscritas en la legislación internacional

En lo referente al polémico agregado de Barreras al artículo 122 de la Constitución, el ponente Osorio recoge en su integridad el texto que facilitaría que ex paramilitares sean elegidos a cargos de representación popular. Al final de ese texto la añade una frase: “una vez cumplan con las sanciones a las que haya lugar”, lo que quiere decir que tras cumplir las penas de la ley de Justicia y Paz, podrían ser elegidos, tema que le ha gustado a los paramilitares. El mismo representante Gómez Martínez dijo que “si a los paramilitares les parece bueno es porque el proyecto es malo para el país”

El representante Germán Navas Talero, quien radicó ponencia negativa al proyecto de Roy Barreras, dijo que de manera soterrada el gobierno está tratando de beneficiar a los militares que han violado su juramento y su compromiso con la sociedad, tratando de establecer una ley de perdón y olvido por sus atrocidades

“A este paso vamos a tener a las madres de Soacha pidiéndole perdón a los militares que asesinaron a sus hijos en los falsos positivos”, agregó el representante Rivera.