15 funcionarios públicos implicados en el robo de tierras en Urabá

En el caso específico de Urabá, la Fiscalía ya tiene al menos 875 casos documentados de posibles víctimas del despojo

Estas víctimas fueron obligadas a firmar el traspaso de sus predios por funcionarios corruptos del Incoder y del Ica que los engañaron, según las investigaciones preliminares de la Superintendencia de Notariado

Precisamente en el Congreso se iba a adelantar un debate este miércoles donde los liberales tenían pruebas de cómo empresarios sirvieron de testaferros para el despojo. Es decir, aparecen como los dueños, pero en realidad son manejados por narcotraficantes, ex paramilitares y guerrilleros. “Hay documentos de traspaso de propiedad de las tierras de las víctimas para que ésta quedara en manos de testaferros de paramilitares y narcos. Muchos empresarios se prestaron para ser testaferros”, sentenció el representante Guillermo Rivera, citante al debate

Así mismo, el Gobierno tiene claro que se falsificaron certificados de libertad y tradición falsos y se cree que operó una cadena de testaferrato en Chigorodó, Carepa, Turbo y hasta Montería, de donde es la asociación de ganaderos de Córdoba, que presuntamente estaría involucrada en este caso

Los verdaderos dueños de estos predios, que cuestan entre 10 y 20 millones por hectárea, estaban en la zona desde 1960. Según la líder de restitución, Carmen Palencia, la mayoría de las tierras tienen sus escrituras en Montería, y no en Urabá. “Las tierras estaban en Arboletes, en el norte de Urabá e iban y firmaban las escrituras en Carepa y en Chigorodó y las registraban en Turbo y en Montería”, denunció Carmen Palencia, líder de la restitución de tierras en la zona

En el último año el gobierno ha recuperado 450 mil hectáreas que han sido usurpadas de un estimativo total de al menos 6 millones de hectáreas

Según la Superintendencia, 450 mil hectáreas han sido recuperadas y de esas, 150 mil ya están en manos del Incoder para su proceso de restitución al Estado o a las víctimas. La dirección de Estupefacientes ha entregado 11 mil y el resto está en procesos jurídicos para ser devueltos al Estado. Todo el trabajo se ha enfocado en Meta, Bolívar, Sucre, Antioquia y Norte de Santander

Ahora la preocupación del Gobierno, además de conseguir a los responsables de estos robos, es la de proteger a los dueños originales de las tierras que los han denunciado y que serían beneficiados de la ley de víctimas