Juzgado revoca el auto de suspensión a la licitación del relleno de Doña Juana
También se abstuvo de aceptar el incidente de desacato interpuesto por los recicladores de Bogotá, quienes se declararon excluidos.
El Juzgado 43 penal municipal resolvió revocar este jueves el auto de suspensión de la licitación para la operación del Relleno Sanitario de Doña Juana y se abstuvo de aceptar el incidente de desacato, interpuesto por los recicladores de Bogotá, quienes se declararon excluidos
"El Juzgado notó un acto de mala fe por parte de Nora Padilla, quien utilizando la vocería de los recicladores mintió al juzgado que ella había interpuesto el mismo acto de desacato ante la Corte Constitucional”. La Directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, Miryan Martínez, le había respondido hoy al Juez 43, quien solicitó la suspensión de la licitación del Relleno de Doña Juana, que se cerró este miércoles con tres oferentes
En consecuencia se levanta la sanción, y la licitación por 229 mil millones de pesos continúa su curso para ser adjudicada el próximo seis de septiembre
Días antes del cierre de la licitación de la operación ante ese mismo juez, los recicladores habían presentado una acción de desacato contra la licitación, porque no los había incluido como lo dice la ley
La Funcionaria argumentó al Juez que ese despacho no era competente para conocer del incidente por desacato, porque fue desplazado en su competencia por la Corte Constitucional que decidió asumir privativamente su conocimiento
La directora de la Uaesp, le había argumentado al Juez que asumir significaba que la Corte puede desplazar cualquier juez. Privativamente significa que en cualquier lugar del mundo, en cualquier caso, solo un juez y nada mas que un juez puede conocer de un asunto, pues poner a alguien a responder por un mismo hecho ante varios jueces viola el debido proceso constitucional
Finalmente señaló que lo que sucedió fue que Nora Padilla, utilizando la vocería de los recicladores, engaño al juez ocultándole que ya había ido a la Corte Constitucional a pedir lo mismo, incurriendo posiblemente en un posible delito de fraude procesal que los asesores jurídicos de la unidad están evaluando para si es del caso acudir ante la Fiscalía
