Laudo arbitral reconoce derechos de los wayúu sobre las salinas de Manaure

Un laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá regresará a las comunidades indígenas wayúu los plenos derechos sobre la explotación de sal marina en Manaure, La Guajira, que habían perdido por decisión unilateral del ministerio de Comercio

El laudo declara "viciada de nulidad absoluta" una escritura otorgada en una notaría de Bogotá, en octubre de 2007, mediante la cual los nativos perdían el 51 por ciento de sus derechos sobre un recurso que ancestralmente ha explotado de manera artesanal

Uno de los puntos de la resolución del tribunal de arbitramento declara que "la Nación-Ministerio de Comercio incurrió en abuso del derecho al haber elaborado y suscrito unilateralmente la escritura pública No. 1592 del 11 de octubre de 2007 en la Notaría 70 de Bogotá". El fallo declara al tribunal de arbitramento sin competencia para definir indemnizaciones mediante condenas a la Nación en beneficio de las comunidades Sumain Ichi, Waya Wayúu y Asocharma. Pero los indígenas esperan que tras el laudo se puedan emprender otras acciones judiciales, en especial las pérdidas que para las comunidades han representado en salud, vivienda, educación, cultura y posibilidades de trabajo. Armando Valbuena, gerente de la empresa indígena Sama Ltda. (Salinas Marítimas de Manaure), dijo que el laudo arbitral retorna los plenos derechos a los nativos para explotar las salinas con un carácter comunitario, pero temió que mientras se hacen efectivas las notificaciones el gobierno consiga un administrador que dificulte la devolución de los derechos indígenas. Valbuena dijo que el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, fue el autor del hecho sin precedentes para desconocer los derechos de los indígenas y protocolizar por escritura pública lejos de la salina, un atropello a las costumbres y a los gobiernos nativos. La representante a la Cámara Orsinia Polanco, indígena wayúu, destacó el laudo como un nuevo triunfo de las comunidades nativas ante la voracidad estatal, que no quiso reconocer un acuerdo suscrito con el IFI en 1991, una tutela en su favor, fallada en 1995 por la Corte Constitucional ni la ley 773 de 2002