Pulso entre el gobierno y el Congreso por la ley de víctimas

La inclusión o no de las víctimas de agentes del Estado para la reparación por la vía administrativa, es el punto álgido en la discusión este martes del Estatuto de las víctimas en la comisión Primera de la Cámara de Representantes. El gobierno se había negado inicialmente al reconocimiento de víctimas por parte de agentes estatales, pero en la última semana el presidente Álvaro Uribe cedió parcialmente, pero incluyendo algunas limitaciones. La inclusión se haría, según el gobierno, pero previa sentencia judicial ejecutoriada que determine la responsabilidad de un agente. Para el efecto sugirió que la ley incluya que dichos procesos sean breves y sumarios, con prelación frente a cualquier otro tipo de procedimientos, excepto los de tutela. Varios de los ponentes, incluso algunos de la bancada oficialista, consideran que no se puede dar un trato especial a los victimarios que provienen de organizaciones del Estado, sin que ello implique que haya responsabilidad estatal en los hechos. Además, consideran, sería discriminar entre uno y otro tipo de víctimas. "Las víctimas de Soacha y de los cientos de falsos positivos que se están descubriendo, quedarían al margen de un estatuto de víctimas en un mensaje que el mundo no entendería", dijo el coordinador ponente del proyecto, representante liberal Guillermo Rivera. Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social del Episcopado, dijo que la Iglesia ha acompañado todas las audiencias con las víctimas y por eso implora que no haya distinciones entre unas y otras. "Es cuestión de dignidad, va dentro de la dignidad las víctimas, de la persona humana", afirmó. Bruno Moro, coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, señaló que las decisiones de hoy tendrán efectos en los próximos 40 años en Colombia. Dijo que hay principios fundamentales y fundacionales que deben regir la acción del legislador en cualquier parte del mundo. Entre dichos principios mencionó que las víctimas son víctimas por el daño que sufrieron, independientemente de quién haya sido su agresor, lo que se conoce como principio del conjunto del universo de víctimas. "Así mismo, que la base sobre la que se edifican los Estados es que son estos los encargados de velar por los derechos de sus asociados. Esto significa que el Estado debería ser garante, aún cuando un hecho violatorio de los derechos humanos no sea responsabilidad directa de éste o de sus agentes, sino de particulares o de grupos al margen de la ley o, incluso, cuando el victimario no hubiese podido ser identificado. "No es bueno que Colombia con su gobierno y su congreso entreguen al mundo una ley incompleta, donde no se reconoce que agentes del estado están inmersos en hechos delictivos. En lo penal, los responsables serán juzgados nacional o internacionalmente, pero sus víctimas no pueden recibir una injusticia adicional", reclamó otro de los ponentes, el representante David Luna. Las diferencias, que podrían dar al traste con el proyecto, se dirimirán a voto limpio en dicha comisión, pues la misma bancada oficialista se encuentra dividida en torno al tema, pues pocos quieren asumir la responsabilidad política en momentos en que el país quiere la verdad sobre los llamados falsos positivos.