Nuevo enfrentamiento del gobierno con la Corte Suprema y ahora la Fiscalía

Las reuniones que sostuvieron en la Casa de Nariño dos voceros de alias "don Berna" con funcionarios de gobierno desataron un nuevo choque de trenes entre el Gobierno y la Corte Suprema. También el caso del destituido fiscal Guillermo León Valencia Cossio, hermano del ministro del interior, enfrentó nuevamente al presidente Alvaro Uribe y al fiscal general Mario Iguarán. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Francisco Javier Ricaurte, denunció que se evidenció una extraña alianza entre funcionarios de la sede presidencial con los emisarios de un paramilitar, para conspirar contra la Corte Suprema de Justicia. Horas más tarde y en un extenso diálogo con los medios de comunicación el presidente Uribe defendió la actuación de sus secretarios jurídico y de prensa. Dijo que es temerario decir que fueron reuniones clandestinas y que permanentemente se recibe a informantes en la Casa de Nariño. También dijo que si no reportaron el tema de las grabaciones a la fiscalía es porque el Das no ha acabado la transcripción de las cintas y porque no vieron relevantes las denuncias. Uribe insistió en varias oportunidades en sostener que allí no hubo reuniones clandestinas y mucho menos escándalos, como sí lo fue "la situación en Medellín donde la fiscalía se demoró en tomar decisiones frente a un caso de corrupción e infiltración del narcotráfico", en abierta alusión al caso de Guillermo León Valencia Cossio, hermano del ministro del interior Fabio Valencia Cossio El fiscal general Mario Iguarán, por su parte anunció que investigará las denuncias del presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero denunció un doble discurso del gobierno, al indicar que mientras el presidente Alvaro Uribe arremetía contra la fiscalía en un consejo comunitario de Pereira, por el caso Valencia Cossio, el propio ministro del interior le llamaba telefónicamente para conversar sobre la situación de su hermano destituido de la fiscalía de Medellín