La ONU y la OEA apoyan la propuesta de Uribe para liberación de Ingrid Betancourt

La comunidad internacional expresó preocupación por el estado de la secuestrada ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y avaló, aunque con algunos reparos, la propuesta del gobierno sobre el acuerdo humanitario. La ONU expresó inquietud frente a los delitos de lesa humanidad, pues teme que si liberan a todos los guerrilleros presos, haya impunidad. Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, valoró la decisión de Uribe y en un comunicado dijo que "un intercambio completo podría ser la llave que abra el paso a una verdadera negociación política para alcanzar la paz" en Colombia. ONU: no todos los guerrilleros de las Farc podrán salir de las cárceles colombianas La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia respaldó la propuesta hecha por el presidente Alvaro Uribe en aras de la búsqueda de la libertad de los secuestrados. Sin embargo, advirtió que el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma señalan que no debe haber impunidad para los autores de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. El representante adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, dijo que la oficina es solidaria con los familiares de las víctimas y acompaña su clamor para una pronta liberación. "La Oficina señala que el Decreto expedido por el Gobierno nacional puede facilitar la búsqueda de opciones y alternativas para lograr la liberación de esas personas sanas y salvas y en satisfactorias condiciones de seguridad y, en particular, abrir la vía para la liberación de aquellos rehenes y personas privadas de la libertad por razones relacionadas con el conflicto que se encuentran en condiciones de salud sumamente precarias", dijo Hernández. La Oficina agrega que la normativa internacional prohíbe conceder amnistías o indultos a quienes han cometido este tipo de delitos y la Constitución Colombiana sólo admite dicha posibilidad para delitos políticos y para los delitos comunes conexos con aquéllos. Hernández hizo un llamado al gobierno colombiano para que en la aplicación del decreto conocido por la opinión pública, no se otorgue los beneficios a guerrilleros o paramilitares, procesados o condenados por conductas que, a la luz del derecho internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Insulza valora oferta de Uribe a las FARC sobre intercambio humanitario Desde Washington, la agencia EFE informó que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, valoró la decisión del gobierno colombiano de autorizar la excarcelación de rebeldes de las FARC a cambio de la puesta en libertad de los secuestrados por esa guerrilla. El máximo responsable de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó en un comunicado que "un intercambio completo podría ser la llave que abra el paso a una verdadera negociación política para alcanzar la paz" en Colombia. "Estoy seguro de que toda la comunidad internacional apoyaría esa negociación", agregó Insulza. El presidente colombiano, Alvaro Uribe, autorizó mediante decreto la excarcelación de guerrilleros a cambio de secuestrados como "mecanismo expedito e inmediato para el acuerdo humanitario". Insulza también expresó su preocupación por la salud de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en febrero de 2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y apeló "a un mínimo de humanidad (de la guerrilla) para proceder a su liberación inmediata e incondicional". Betancourt, que también tiene nacionalidad francesa y está en condiciones muy precarias de salud, según informaciones obtenidas por el Gobierno, forma parte del grupo de 40 personas que las FARC quiere canjear por cerca de 500 rebeldes presos. El Gobierno colombiano asegura que, además de los canjeables, las FARC tienen unas 700 personas secuestradas con fines de extorsión. Insulza destacó el hecho de que "si las FARC tomaran la decisión de poner en libertad a todos los secuestrados, se produciría de inmediato el intercambio que buscan, sin necesidad de ulteriores negociaciones" para ello. A juicio de Insulza, el Gobierno colombiano, "al hacer pública su propuesta, refleja su decisión total de cumplir el compromiso asumido".