Más de 2,9 millones de hectáreas de tierra abandonaron familias desplazadas por la violencia

Un nuevo llamado de atención a las autoridades nacionales por la desatención a los millones de colombianos víctimas del desplazamiento forzado, formuló la Contraloría General de la República.
El organismo dijo que el gobierno no ha acatado debidamente la orden impartida por la Corte Constitucional y no ha entregado de manera oportuna los predios de los cuales dispone para atender a los desarraigados.
Puso como ejemplo el caso de las 17 mil hectáreas del predio Carimagua, cuya adjudicación a los desplazados por la violencia estaba predeterminada desde el 2004.
"El programa de atención a la población desplazada por la violencia es uno de los más rezagados de la política pública", indicó el Contralor General, Julio César Turbay Quintero.
La Contraloría dio a conocer las cifras estimadas y más actualizadas, sobre el impacto económico del desplazamiento forzado.
Según el organismo, las tierras abandonadas por los desplazados puede superar los dos millones 900 mil hectáreas con un costo promedio de siete billones 200 mil millones de pesos.
El informe señala que la gran mayoría de las familias desplazadas abandonó en promedio diez hectáreas con un costo también promedio de dos millones 430 mil pesos por hectárea.
La Contraloría advirtió nuevamente que el componente de tierras contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo presenta una cobertura poblacional mínima. “Se requiere por lo tanto de avances significativos con el fin de atender la demanda efectiva en el mediano plazo", subrayó.
Para el Contralor General, cada vez es más difícil para la población afectada por la violencia que resolvió ubicarse en el sector rural, alcanzar la estabilización social y económica y superar la condición de desplazada.