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El Estado deberá pagar 13 mil millones de pesos por masacre paramilitar en El Tarra

El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 13 mil millones de pesos a todos los habitantes de un corregimiento del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, quienes fueron desplazados por acción del paramilitarismo, a comienzos del 2000.

El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 13 mil millones de pesos a todos los habitantes de un corregimiento del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, quienes fueron desplazados por acción del paramilitarismo, a comienzos del 2000.
La sentencia beneficia a los 538 habitantes del corregimiento Filo Gringo, quienes a pesar de haber denunciado en varias ocasiones las amenazas de las que fueron objeto por parte de las autodefensas, encabezadas por Carlos Castaño, no recibieron una protección efectiva por parte de la Fuerza Pública.
La Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó al ministerio de Defensa que pague la indemnización, por los perjuicios morales y materiales, y por la alteración de las condiciones de existencia de los habitantes del corregimiento Filo Gringo, quienes tuvieron que desplazarse de su lugar de origen por presiones de los paramilitares.
Los hechos ocurrieron entre septiembre de 1999 y marzo de 2000, cuando las autodefensas, por orden del desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño, incursionaron en la zona del Catatumbo, Norte de Santander.
A pesar de las advertencias hechas por varias instituciones, entre ellas el ministerio del Interior, la Procuraduría general de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la ONU, el Ejército y la Policía no adoptaron las medidas efectivas para proteger a los habitantes del corregimiento Filo Gringo.
La sentencia agrega que "tan evidente resulta el hecho de que no se adelantó en esa región del país ninguna acción militar seria y contundente, que el grupo paramilitar cumplió sin tropiezos todas y cada una de sus amenazas".
"Hubo incapacidad e indolencia de los efectivos militares y de la policía acantonados en la zona y una evidente falta de voluntad estatal para evitar sus desmanes y atropellos", indica el fallo.

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