Candidatos inhabilitados utilizan la tutela para frenar sanciones

Más de cuatro casos ha detectado la Procuraduría de candidatos a las próximas elecciones que estando inhabilitados, interponen una tutela para que los efectos de la sanción emitida sea suspendida y asi pueden seguir con su aspiración mientras se estudia la demanda.
Es el caso del ex alcalde de Melgar, Moises Carreño Monrroy, quien se postuló nuevamente para ejercer ese cargo, estando inhabilitado al ser sancionado por la Procuraduría y con una tutela logró suspender por cuatro meses la inhabilidad.
Según el fallo, este tiempo es otorgado para permitir al ex funcionario interponer un recurso de nulidad, contra las decisiones disciplinarias en su contra.
El Juez 37 Administrativo de Bogotá advirtió que, si transcurrido ese lapso, el afectado no instaura las demandas indicadas ante el contencioso administrativo, los efectos de este fallo cesarán y la sanción de la Procuraduría continuará vigente.
Es de señalar que un proceso administrativo, es decir ante el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado, podría dilatarse de 5 a 7 años aproximadamente, tiempo en el cual la sanción no se haría efectiva.
Aunque la Procuraduría apelo el fallo , en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia inicial haciendo claridad respecto a que œla medida transitoria se mantendrá hasta el momento que la justicia ordinaria decida sobre la suspensión provisional de los actos acusados.
De esta manera el ministerio público se ha visto obligado a retirar de la lista de inhabilitados a este alcalde.
Otro caso
Un ejemplo de esta posibilidad, es la decisión del Consejo de Estado al admitir la tutela que en 2005 interpuso el coronel Mauricio Santoyo, en ese entonces jefe de seguridad de la Presidencia de la República, y que revocó una sanción disciplinaria que la Procuraduría interpuso en su contra.
A Santoyo la Procuraduría lo destituyó el 7 de octubre del 2003, cuando lo encontró responsable de cerca de 1.400 interceptaciones ilegales a teléfonos en Medellín entre diciembre de 1997 y diciembre de 1999, cuando era comandante del Gaula en esa ciudad.
Pero al interponer la tutela, la sanción disciplinaria fue revocada por el Consejo de Estado, mientras analizaba la demanda, razón por la cual Santoyo en este momento no tiene ningún impedimento de seguir ejerciendo sus funciones de servidor público.
A ese antecedente podrían recurrir varios candidatos a las próximas elecciones, inhabilitados por la Procuraduría, para revocar las sanciones disciplinarias.