Video sobre magistrado Urán será tomado como prueba por la "Comisión de la Verdad"

La Comisión de la Verdad, creada para hacer una evaluación histórica y académica sobre la toma del Palacio de Justicia, consideró muy importante para las investigaciones, la aparición de un video que demostraría que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán salió vivo del edificio y después habría sido asesinado por integrantes de la Fuerza Pública.
El magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, uno de los integrantes de la Comisión, sostuvo que las nuevas evidencias sobre la posibilidad de que Carlos Horacio Urán hubiera salido con vida del Palacio de Justicia, œson un punto importantísimo de referencia para desarrollar el informe final sobre los hechos, que será entregado a la opinión pública en septiembre de 2008.
œEste es un punto muy importante que no había sido planteado durante el primer informe que se presentó en noviembre de 2007 porque sobre ese particular solamente había versiones sin sustento probatorio, explicó el jurista Pinilla Pinilla.
El magistrado Nilson Pinilla agregó que los videos sobre la posibilidad de que Carlos Horacio Urán hubiera salido vivo del Palacio de Justicia, y otras evidencias que se han encontrado en los últimos meses, serán estudiados desde esta semana por la Comisión de la Verdad.
Crimen de magistrado Urán en el Palacio de Justicia debe ser delito de lesa humanidad
Juristas consultados por Caracol Radio coincidieron en señalar que la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán, ocurrida en el Palacio de Justicia, debe ser tratado como un delito de lesa humanidad para que no quede en la impunidad.
Luego de la revelación del video en el que se observa salir con vida al magistrado, los expertos afirmaron que no puede tratarse el hecho como un homicidio simple, sino que debe analizarse a la luz de lo que ocurrió en el holocausto del Palacio.
El exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, indicó que era responsabilidad del Estado la protección de los rehenes durante la toma del M-19 y debían adoptarse las medidas que permitieran preservar sus vidas, hecho que no ocurrió.
Para Beltrán debe aplicarse en este caso la máxima pena que contempla el Código Penal.
Para el ex vicefiscal Francisco José Sintura, este caso no se trata de un homicidio aislado, sino que es el concurso de varios delitos que ocurrieron durante la toma.
Indicó que la prescripción no cabría ya que debe interpretarse bajo el Código Penal de 1985 que establecía que la suspensión de la acción legal era superior a los 30 años. Además para la fecha estaban vigentes los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad.
El penalista de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Forero, consideró que adicional a que se trata de un delito de lesa humanidad, se alteraron las pruebas de la toma por lo que no puede correrse el terminó de la prescripción.
Para él hubo una "burla a la justicia" dentro del "genocidio jurídico" en que se convirtió la muerte de los magistrados en la retoma del Palacio de Justicia.