La Nación tendrá que pagar más de dos mil millones de pesos a un campesino herido por un soldado en el Huila

El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de dos mil millones de pesos a un humilde campesino huilense que quedó minusválido luego de haber recibido un disparo efectuado por integrantes del Ejército Nacional.
La Sección Tercera del Alto Tribunal consideró que el Ministerio de Defensa es administrativamente responsable de los perjuicios causados tanto al afectado, como a sus padres y a sus dos hermanos.
Esta es una de las condenas más altas proferidas por el Consejo de Estado contra la Nación, relacionada con una acción de reparación directa por fallas en el servicio de la Fuerza Pública.
Los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 1993 en la vereda San Calixto del municipio de Suaza, en el departamento del Huila, cuando en la madrugada, José Ámbito Alarcón salió de su casa con una escopeta hechiza porque escuchó ruidos extraños.
Luego de salir de su vivienda para observar la situación, un soldado adscrito al batallón Magdalena de la Novena Brigada del Ejército Nacional, le disparó a Alarcón sin que hubiera recibido ninguna advertencia del escuadrón militar.
José Ámbito Alarcón resultó gravemente herido, además quedó con invalidez total de por vida. La sentencia señala que "esa circunstancia le impide desempeñar las mínimas actividades que generan satisfacción en los seres humanos, lo que ha traído profundo sufrimiento a él y a su familia y que lo imposibilita para procurarse el sustento diario".
Los dos mil millones de pesos que recibirán Alarcón y su familia corresponden a los gastos en servicios médicos y psiquiátricos, además del lucro cesante que ocasionó su invalidez permanente.
El Ministerio de Defensa alegaba que el disparo recibido por José Ámbito Alarcón había sido realizado por su culpa, porque según el Ejército, el campesino había salido armado de su vivienda y había hecho un tiro en la oscuridad, que fue percibido por los soldados como una amenaza contra sus vidas. Ese argumento no fue aceptado por el Consejo de Estado.