En libertad directora del Fondo de Previsión Social del Congreso
La directora del Fondo de Previsión Social del Congreso, Diana Margarita Ojeda, quedará en libertad en las próximas horas, luego de que la Corte Constitucional tumbara la tutela en la que se ordenaba su detención por negarse a pagar una multimillonaria pensión de jubilación a un suplente a la Cámara de Representantes que ejerció durante diez meses ese cargo hace 41 años
La directora del Fondo de Previsión Social del Congreso, Diana Margarita Ojeda, quedará en libertad en las próximas horas, luego de que la Corte Constitucional tumbara la tutela en la que se ordenaba su detención por negarse a pagar una multimillonaria pensión de jubilación a un suplente a la Cámara de Representantes que ejerció durante diez meses ese cargo hace 41 años.La decisión fue tomada porque en el expediente del proceso no aparece ningún documento que certifique que el juez penal del Circuito de Lorica, Jairo Enrique López, hubiera notificado al Fondo de Previsión Social del Congreso sobre la tutela instaurada por el dirigente político sucreño Gabriel Urzola para mejorar su pensión de jubilación.La magistrada Clara Inés Vargas explicó que la acción de tutela fue anulada porque al no existir una notificación de la instauración de la tutela, fue vulnerado el derecho a la defensa del Fondo de Previsión Social del Congreso.Vargas explicó que el desacato que ordenaba una detención de cinco días de la directora del Fondo, Diana Margarita Ojeda, quedó sin efectos, porque tenía como soporte la tutela que fue anulada.Urzola fue congresista suplente por no más de 10 meses en 1966, y fue maestro de escuela en Majagual, Sucre, e inspector de tránsito en Sincelejo. Terminó su vida laboral con una pensión de la Caja Nacional de Previsión, que estuvo disfrutando con una mesada de 439 mil pesos, hasta que resolvió pedir, vía tutela, el supuesto derecho a la jubilación como congresista. Dentro de sus pretensiones está una pensión de 16 millones de pesos mensuales y un retroactivo superior a mil 303 millones de pesos. El caso se llevó al Tribunal de Montería, donde se confirmó la tutela y se ordenó el arresto de la directora del Fondo.




