La oposición exige responsabilidad política por 'chuzadas' hechas por la Policía Nacional

Dirigentes políticos de la oposición exigieron explicaciones al gobierno, sobre las interceptaciones ilegales que desde hace más de dos años se vienen haciendo a las comunicaciones de varios líderes políticos y de opinión.
El senador Juan Fernando Cristo, vocero del partido Liberal, dijo en diálogo con Caracol Radio, dijo que su colectividad citará en los próximos días al ministro de Defensa Juan Manuel Santos, a un debate en el Congreso, para que entregue explicaciones sobre lo sucedido, y diga por qué hasta ahora el país se entera de las interceptaciones ilegales.
El presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, consideró que el presidente Alvaro Uribe debe asumir la responsabilidad política por el plan de espionaje telefónico que desde hace más de dos años realizaba la dirección de inteligencia de la Policía, contra miembros del gobierno, de la oposición y contra algunos periodistas.
Gaviria Díaz manifestó que es muy grave lo que ha sucedido con la interceptación de las comunicaciones, pero sostuvo que la oposición suponía que eso estaba ocurriendo, luego de las declaraciones del presidente Uribe, en las que citó informes de inteligencia militar y de policía para atacar a quienes fueron a Washington a oponerse a la firma del TLC.
"En un gobierno democrático eso no puede ocurrir, no basta con un remezón en la cúpula de la Policía", expresó Carlos Gaviria.
Otras posiciones
Para el senador Germán Vargas Lleras, presidente del partido Cambio Radical, a pesar de la gravedad de la situación, "es claro que el presidente Alvaro Uribe no tenía conocimiento de las interceptaciones ilegales que estaban haciendo algunos miembros de la Policía", porque si hubiera sabido de esas actuaciones, desde hace tiempo hubiera tomado las medidas que adoptó en las últimas horas.
Por su parte, el procurador delegado para la Policía, Fernando Britto, manifestó que el Procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, es el encargado de definir si existen méritos para abrir investigación disciplinaria contra los altos oficiales de la institución, que incurrieron en presuntas irregularidades, al promover la interceptación de comunicaciones oficiales.